Esta petición está incluida en una proposición no de ley presentada hoy en la que exonen los criterios que consideran necesarios para regular específicamente las "stock options" sin que su fiscalidad afecte a otro tipo de rendimientos irregulares del trabajo.

En el texto, presentado en rueda de prensa por el portavoz socialista en el Congreso, Luis Martínez Noval, piden la prohibición de establecer o pactar este tipo de remuneraciones en las empresas que gestionen servicios prestados en régimen de monopolio, legal o de hecho, u ostenten una posición de dominio en el mercado.

Tamién piden la prohibición de aplicar este sistema retributivo en las empresas que hayan sido privatizadas con menos de diez años de antelación, en las que cobren tarifas o precios establecidos por el Gobierno y en las que no hayan repartido dividendos en algún ejercicio dentro de los últimos cinco años.

En virtud de esta prohibición, los socialistas piden al Gobierno que tome, "de forma inmediata", las medidas necesarias para impedir la ejecución de planes de acción sobre acciones en las empresas en la que concurran alguna de estas circunstancias, como sería el caso de Telefónica.

Los socialistas también piden que estos planes estén previamente y de forma expresa recogidos en los estatutos de la sociedad, y que el Gobierno impida su ejecución en los casos en los que se haya concedido "sin la expresa previsión estatutaria requerida".

Aunque el texto no especifica el modo en que el Ejecutivo podría impedir la ejecución de estos planes, Martínez Noval explicó que su grupo no pondría ninguna objecón a que se hiciera por decreto ley, "ya que el Gobierno lo utiliza tanto" para regular otros asuntos.

QUORUM REFORZADO EN LA JUNTA

El texto presentado hoy pide también que la concesión de estos derechos sea aprobada por la Junta General de la sociedad "mediante el quorum reforzado existente para supuestos especiales, a cuyo efecto se privará del voto a los posibles beneficiarios si fueran accionistas, o el de los vinculados a ellos por lazos familiares o de relación económica empresarial, o cuando xista cualquier otro tipo de conflicto de intereses".

También establece que el acuerdo de la Junta recaiga en un plan elaborado por los administradores que contenga, entre otros elementos, la identificación precisa e individual de los beneficiarios, el precio de ejercicio de la opción y el plazo de ejercicio, que no podría ser inferior a tres años.

Los socialistas piden que se limite el número máximo de acciones que como consecuencia del ejercicio del derecho de opción sobre ellas pueda ostentar ada beneficiario, y el máximo de porcentaje de capital que pudiera tener el titular de la opción una vez ejecutada y sumada a las acciones que tuviese con anterioridad.

Los rendimientos o ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión del ejercicio de opciones sobre acciones de la propia empresa se integrarían, sin reducción alguna, en la parte general de la base imponible del IRPF, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el otorgamiento de la opción.

"JUSTOS POR PECADORES" "En ningún caso la fiscalidad de las opciones sobre acciones se articulará de forma que afecte o perjudique a otros rendimientos del trabajo que puedan legalmente calificarse de irregulares", añade el texto.

Con este párrafo, los socialistas pretenden neutralizar la enmienda pactada por el PP e Izquierda Unida y apoyada por los socios nacionalistas del Gobierno, que incrementa la fiscalidad de los rendimientos irregulares.

Los socialistas insisten en que la única finalidad de esta enmienda fu "salvarle la cara a Aznar" ante una sesión de control en la que iba a surgir este asunto, y aseguran que perjudicará a "muchísimos" trabajadores que reciben parte de sus retribuciones de modo irregular.

Martínez Noval aseguró que con un sólo contribuyente afectado, esta enmienda sería ya "reprobable, escandalosa y rechazable", y vaticinó que el Grupo Popular la revocará en el Senado cuando se dé cuenta de que "discrimina" a los rendimientos irregulares del trabajo respecto a los de capital.

El prtavoz socialista se preguntó por qué debe tributar al 48% parte de la indemnización por despido que reciba un trabajador que acaba de perder su empleo, si ésta es ligeramente superior a lo establecido en el marco legal, por cualquier circunstancia. "Sólo hay una respuesta, las Villalonga options", remachó.