Según el Tribunal de la Competencia, el artículo 1 de esta Ley prohíbe "todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia".

El expediente se inicia el 23 de septiembre de 2004 tras recibir el Servicio de Defensa de la Competencia una denuncia de la Unión de Consumidores de España contra las citadas líneas aéreas y las asociaciones de agencias de viajes.

El Tribunal ha considerado acreditadas diversas infracciones al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, en relación con la fijación de los cargos por emisión de billetes aéreos que cobran las líneas aéreas y las agencias de viajes.

La nota de Spanair indica que la compañía mantuvo conversaciones con la CAAVE en 2004, pero que "en cuanto tuvonoticia de que las autoridades de competencia podrían considerar que esta actuación pudiera ser incompatible con las normas de defensa de la competencia, dejó de tratar" con las agencias de viajes.

A partir de ese momento, Spanair procedió a fijar de inmediato y de manera "independiente" el nivel del cargo de emisión a partir del 1 de enero de 2005. "La política de Spanair", continúa la nota, "es cumplir estrictamente con la normativa sobre defensa de la competencia".

En estos momento, señala la compañía aérea, los servicios jurídicos de Spanair están estudiando la posibilidad de recurrir, aunque reconoce que todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto.

La distribución de las multas entre las empresas infractoras es la siguiente: Iberia, 2 millones de euros; Spanair, 250.000 euros; Air Europa, 300.000 euros; Feav, 1.661.541 euros; Aedave, 1.476.924 euros; Aedav, 92.307 euros; Aetor, 92.307 euros; Amave, 92.307 euros; Ausa, 92.307 euros, y Ucave, 92.307 euros.

A la hora de fijar la multa se ha tomado en consideración la facturación de las empresas, el mercado afectado y la duración de la infracción.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde su notificación.