Los agricultores y vecinos del valle del Guadalquivir denuncian que las empresas promotoras están recurriendo a la "fragmentación artificiosa" de los proyectos fotovoltaicos, "rebajando de manera engañosa la potencia producida por cada planta por debajo de los 50 megavatios para eludir controles más exigentes de las administraciones". Además, indicó que la mayoría de los agricultores "se ven coaccionados a llegar a un acuerdo con las empresas promotoras, ya que es más ventajoso en términos económicos que la expropiación facilitada por la ley del sector eléctrico".

Desde la Plataforma Campiña Norte de Jaén advierten que “la gente tiene que conocer cómo actúan estas empresas: especulan con nuestras tierras, a los propietarios les ofrecen un arrendamiento anual a 30 años entre 1.000 y 1.500 euros por hectárea, y luego se lo revenden a fondos de inversión a 10.000 euros la hectárea, es decir, nos dan 10 veces menos que su valor real”.

La plataforma añade que “cuando dentro de 30 años la empresa solar nos devuelva las tierras, nuestros hijos habrán tenido que emigrar para buscar trabajo, ya no podrán volver al pueblo y estas tierras habrán perdido la capacidad de ser productivas por el uso industrial que se les ha dado.”

Plataformas como Campiña Norte de Jaén y Stop Megaplantas Solares Alto Guadalquivir luchan desde hace tiempo "con los pocos recursos de los que disponen contra los gigantes energéticos que están alterando su entorno y destruyendo su ancestral forma de vida. Algunas megaplantas solares fotovoltaicas proyectadas en años anteriores en la Mancomunidad del Alto Guadalquivir de Córdoba no se llegaron a realizar en su primera ubicación gracias a la presión social ejercida desde plataformas vecinales, porque no se tuvo en cuenta el daño a zonas de cría de aves esteparias en peligro de extinción ni la oposición de los dueños de la tierra".

La Plataforma Stop Megaplantas Solares Alto Guadalquivir se pregunta si "es justificable que la Administración estatal o autonómica expropie terrenos privados donde se producen alimentos para beneficio de empresas privadas" y "a quién benefician las plantas solares ¿A la ciudadanía y a los vecinos o a un fondo de inversión con sede en terceros países?”. Desde esta plataforma piden que haya una ordenación del territorio para que no desaparezca el modo de vida de una comarca entera. “No se puede hacer una transición verde eliminando lo verde”, sentencian.

Sostienen que la instalación solar proyectada "que arrasará un olivar en plena producción de 100.000 olivos se sitúa entre los términos municipales de las poblaciones de Lopera, Arjona y Marmolejo, en la provincia de Jaén, en concreto 5 plantas con capacidad de 254,98 MW y una extensión de 895 hectáreas, el equivalente a 895 campos de fútbol, pero el drama no acaba aquí".

"En estos momentos", añaden, "existen, entre proyecto y ejecución, 18 plantas más en la comarca de la Campiña Norte de Jaén, por lo que estaríamos hablando de una capacidad aproximada de 1 GW más, lo que supondría 3222 hectáreas más y 320.000 olivos arrasados más. Estos olivares llevan plantados varias generaciones y supone la base de la economía familiar de muchas familias de la zona afectada".

Según un informe elaborado por la Cooperativa Local La Loperana, cada 500 hectáreas suponen unas pérdidas en rentas por producción de aceite de 2.000.000 euros y 900.000 euros en jornadas de trabajo. “Pensar que familias de agricultores que llevan generaciones viviendo de sus olivos no tengan ningún poder de decisión sobre su medio de vida, es simplemente inaceptable y propio de países bananeros”, denuncia SOS Rural.

SOS Rural lleva tiempo advirtiendo que la proliferación "sin control ni orden de megaplantas en tierras de cultivo supone una amenaza para la población del medio rural, así como para el medio natural, que se ve alterado drásticamente de una forma irreversible, teniendo consecuencias en la biodiversidad de la zona y en el futuro de las generaciones venideras. Según un estudio de GAD3 sobre el impacto de las placas solares, más de la mitad de los españoles (el 56%) se muestra contrario a la instalación de placas solares en suelo agrícola".

El movimiento ciudadano que defiende el mundo rural recuerda que, sin un marco normativo especifico que proteja las tierras de cultivo, "España corre el riesgo de pasar de ser dependiente energéticamente a ser dependiente también alimentariamente, advierte de que, con la instalación de placas, el suelo agrícola cambia de uso y se convierte en suelo industrial, transformando así un manto verde productor de alimentos en un mar de hierro y cristal.