La campaña, que durará seis meses, incluye doce propuestas elaboradas por la asociación, drigidas a flexibilizar los actuales requisitos que se exigen a los extranjeros para conseguir sus permisos de residencia y trabajo, que sean los tribunales los que decidan sobre expedientes de expulsión y permitir el voto de los extranjeros, entre otras iniciativas.

Por otro lado, más de una docena de asociaciones de solidaridad con los inmigrantes han difundido un manifiesto con motivo del Día Internacional contra el Racismo, que se celebra el 21 de marzo, y han convocado una concentración para ese msmo día en la Puerta del Sol de Madrid, a las 20.00 horas.

Según explicó Miguel Pajares, portavoz de la organización, "la ley vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la libre circulación, a la tutela judicial efectiva -porque a pesar de que los extranjeros presenten recursos son expulsados antes de tiempo- o el derecho de amparo. También permite una actuación policial racista, que se guía sólo por el aspecto de la persona".

Aunque la campaña se ciñe a combatir una ley nacional, la organzación forma parte de la Red Europea contra el Racismo y por la Igualdad de Derechos, que en estos momentos está llevando a cabo en varios países europeos otra campaña para pedir el derecho a voto de los inmigrantes, a la reagrupación familiar y a la libre circulación, propuestas que son recogidas por SOS Racismo.

CONTROL DE FLUJOS

Según SOS Racismo, el Gobierno español aplica una política insolidaria en la regulación de entrada de inmigrantes extranjeros, generalizando la exigencia de visados, incupliendo acuerdos bilaterales y limitando drásticamente su concesión.

Por ello, proponen "someter a los tribunales toda decisión administrativa derivada de la aplicación de la ley de Extranjería en las materia de denegación de permisos, visados y, muy especialmente, expedientes de expulsión".

A su juicio, "la aceptación de nuevos inmigrantes se rige por una normativa de cupos que, además de ridícula (20.600 para 1993), es irrealizable, hasta el punto de que acabado el año 93 no se había cubierto n una pequeña parte del cupo establecido".

También critica la precariedad en la que se encuentran los actuales extranjeros que disponen de permiso de trabajo y residencia, que suelen tener una duración de un año y deben renovar periódicamente. Si el inmigrante pierde su empleo o está en el paro, difícilmente puede renovarlo.

Por ello, SOS Racismo plantea que se establezca un sistema automático y progresivo de permisos de residencia, de cinco años el segundo que consiga y permanente el tercero, y qe se elimine el requisito de disponer de contrato de trabajo en el momento de la renovación, ya que ésta debe ser automática en los supuestos de desempleo, accidente e incapacidad laboral transitoria.

APLICACION DISCRECIONAL DE LA LEY

Otro aspecto de la ley que critican en el alto grado de arbitrariedad con la que actúa la Administración, en virtud de que la ley es poco clara en algunos aspectos, lo que permite a la autoridad gubernativa y policial interpretar las normas y conceder "gracias". Es lo ue ha ocurrido, según SOS Racismo, con la reagrupación familiar, que ha impedido a los extranjeros vivir con sus familias durante casi tres años.

Otro ejemplo de esta discrecionalidad que se reserva la Administracion se refiere a la concesión de permisos de trabajo, que depende de los informes del Inem. Las autoridades han sustituido esos informes por referencias vagas a la situación general del empleo, en las que basan sistemáticamente las denegaciones de permiso.

Otras propuestas planteadas porSOS Racismo se refieren a la regularización de todos los inmigrantes que se encuentran en España como "ilegales"; promover la tarjeta de residente europeo para éstos, de forma que se les dé libertad de circulación por toda la Unión Europea, y permitir la reagrupación familiar automática de los familiares directos de los inmigrantes.

Igualmente, piden que se prohiban "las identificaciones y detenciones policiales de inmigrantes por la calle, que se hacen por el solo hecho de comprobar si disponen de lo permisos legales, basándose exclusivamente en aspectos faciales".