Sordo se manifestó de este modo durante el XLI Seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), titulado ‘El rol de las empresas en la nueva economía’, donde sostuvo que hay empresas con “ingentes beneficios” que “son inmunes a las decisiones del poder público”, porque “lo que hacen es asumir el coste” de las multas “sin mayor problema”.

De esta forma, descartó que normas como la ‘ley rider’, que en 2021 laboralizó a los repartidores de empresas como Glovo, sean un “fracaso” por el hecho de que la mencionada compañía acumule multas de la Inspección de Trabajo por no respetar los mandatos legales de la mencionada legislación.

“Más que un fracaso, la actitud de Glovo lo que induce es a tener que pensar en hasta qué punto la actual legislación y las actuales formas de penalización a los incumplimientos en materia social y en materia laboral son suficientes”, reflexionó.

En su opinión, “el uso perverso de la economía de plataforma” y de “intentar cargarse la presunción de dependencia que existe entre una empresa y los trabajadores” para “cuestionar el propio derecho laboral, es un caballo de Troya en nuestro sistema de relaciones laborales”.

En este sentido, lamentó que hay sectores que generan muchos beneficios utilizando relaciones mercantiles que, en realidad, “ocultan relaciones laborales y ahorros de costes ligados” a partidas como las cotizaciones. También se apoyan estas empresas en salarios “de miseria, porque el algoritmo se utiliza como un auténtico latiguero esclavista de otro tiempo”.

“Ante mamotretos económicos como Glovo, con sus excedentes empresariales, seguramente no valen las multas, aunque sean de algunos millones de euros”, apuntó el líder de CCOO.

Desde su punto de vista, en algunas situaciones de “incumplimiento sistemático de la norma, hay que empezar a pensar en utilizar el Código Penal para que la manera de hacer frente a estas realidades sea meter en la cárcel” a algunos responsables empresariales. “Va a ser el único lenguaje que entiendan”, apostilló.