Así se desprende de un análisis de Greenpeace dado a conocer este miércoles, a 11 días de que venza el plazo que tiene el Gobierno para llevar a la Comisión Europea el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec).

“La falta de ambición climática de las comunidades autónomas sitúa a España a la cola de la reducción de emisiones en la Unión Europea”, sentenció Greenpeace.

Según el análisis, 15 de las 17 comunidades autónomas cuentan con planes climáticos que no evitarían un calentamiento superior a 1,5 grados y 10 de ellas tienen un objetivo menos ambicioso que el propuesto por el Gobierno español.

“LEJOS DE SER LÍDER”

Solo Asturias y Navarra cuentan con una meta de reducción de emisiones en línea con el Acuerdo de París. En el lado opuesto están Castilla y León, que ni siquiera ha fijado un objetivo, y La Rioja y Extremadura, que planean que sus emisiones en 2030 sean mayores que las de 1990.

“España está lejos de ser líder de la acción climática en Europa, pues los objetivos actuales de reducción de emisiones de efecto invernadero nos llevan a un calentamiento global mayor de 1,5 grados. Es responsabilidad de todas las Administraciones aumentar la ambición climática: desde las comunidades autónomas a los ministerios de Transporte, Vivienda y Agricultura y Pesca, no solo el Ministerio de Transición Ecológica”, indicó Pedro Zorrilla, responsable de la campaña contra el Cambio Climático de Greenpeace.

Zorrilla añadió: “Estamos en una verdadera emergencia climática y se siguen presentando planes como si esto fuera un problema secundario. Todas las Administraciones públicas tienen que ser conscientes de la urgencia y los beneficios de la transición ecológica para el conjunto de la sociedad y el planeta, y hacer lo que les corresponde para que el plan que presente España esté a la altura”.

El análisis de Greenpeace muestra las principales deficiencias de la planificación de la acción climática en España, indica los objetivos que deben fijarse y aporta seis propuestas para reducir las emisiones en el corto plazo.

El informe compara el objetivo de reducción de emisiones en 2030 con respecto a 1990 tanto entre los países de la UE (un 55% en el caso español) como entre comunidades autónomas. Demuestra que España no solo no lidera estos objetivos climáticos, sino que se encuentra entre los países comunitarios con menor ambición.

En relación a las comunidades autónomas, 15 carecen del objetivo de reducir un 55% sus emisiones de CO2 respecto a 1990 para evitar un calentamiento mayor de 1,5 grados.

Diez de ellas tienen un objetivo menos ambicioso que el del Gobierno español, que es de una reducción de un 32% para 2030. Castilla y León no cuenta con una meta concreta y La Rioja y Extremadura pretenden que sus emisiones a finales de esta década superen las de 1990, con un 46% y un 53% más, respectivamente.

Además, tres de las cuatro comunidades con mayor proporción de emisiones de gases de efecto invernadero (Andalucía, Cataluña y Madrid) cuentan con objetivos menos ambiciosos que los fijados por el Gobierno central.

PROPUESTAS

Greenpeace propuso seis medidas para aumentar el objetivo nacional de reducción de emisiones, entre ellas un abono único de transporte público para todo el país para desincentivar el uso del coche privado y un calendario de cierre de las centrales de ciclo combinado de gas (las que encarecen la factura de la luz y generan grandes emisiones).

Otras son una declaración de interés público de las comunidades energéticas renovables promovidas por los ayuntamientos para favorecer que todos los municipios dispongan de al menos una comunidad energética lo antes posible y ayudas a las explotaciones ganaderas más contaminantes para rebajar la densidad de animales o cese voluntario de la actividad, de forma que se reduzca la cabaña ganadera en intensivo en un 50% para 2030.

Crear un monedero virtual para costear la rehabilitación energética de edificios residenciales y acelerar la descarbonización de los hogares de forma justa, y un impuesto verde sobre el combustible fósil tanto refinado como almacenado para que la transición sea financiada por quienes más contaminan son otras propuestas.