Así lo puso de manifiesto este martes la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en un comunicado luego de estudiar el Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2020 que ha elaborado el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

En ese sentido, este colectivo contrapuso la situación en País Vasco y Navarra, con porcentajes de cobertura del 61,7% y del 59,6%, respectivamente, con la que se vive en Castilla-La Mancha, Canarias y Galicia, cuyas tasas alcanzan o se sitúan por debajo del 2%.

Del mismo modo, en Asturias y Cantabria reciben estas rentas casi una de cada seis personas bajo el umbral de la pobreza. Del resto, sólo tres comunidades garantizan porcentajes superiores al 10%: Cataluña, Aragón y Baleares.

A su vez, siete territorios comenzaron en 2020 “el desmantelamiento” de las RMI, reduciendo el número de personas beneficiarias y recortando el presupuesto, “con la coartada” del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Esto le sirvió para proclamar que la Comunidad de Madrid, Aragón, Baleares, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja “aprovechan para hacer caja en lugar de orientar el presupuesto a la garantía del derecho a la inserción social reforzando los servicios sociales para la lucha contra la exclusión social”.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denunció que la Comunidad de Madrid es la región que más reduce el número de beneficiarios (-12.471 personas), siendo Cataluña la que más aumenta (+42.414) y la Comunidad Valenciana la que más incrementa la cobertura respecto a las personas en situación de riesgo de pobreza (+2,72%).

Ante esta situación, reclamó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que “simplifique” los procedimientos del IMV y cumpla con su promesa de garantizar la prestación a 800.000 familias, y le urgió a “recuperar” los mil millones que “no ha gestionado en el año de la crisis social mayor de la historia reciente de nuestro país”.

En la misma línea, pidió a las comunidades que orienten los 1.686 millones de euros que invertían en las RMI a la “garantía del derecho a la inserción social, reforzando los servicios sociales”.

Por su parte, este colectivo explicó que la cuantía media por perceptor de las RMI en España representa el 15,3% de la renta media por hogar en el país, una cantidad “extremadamente baja” y que se ha reducido dos puntos desde 2019, “condicionado probablemente por la aparición del Ingreso Mínimo Vital”.

Por último, expuso que un total de 799.203 personas perciben el IMV y 795.861 las RMI, lo que le permitió concluir que aquél únicamente ha mejorado en un 0,04% la cobertura de éstas.