Así consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado de CiU Carles Campuzano, quien se interesó por los contratos registrados al amparo del Plan de Fomento del Empleo del año 2000 para la contratación de personas en riesgo de exclusión social.

La respuesta gubernativa, a la que tuvo acceso Servimedia, puntualiza que entre enero y julio pasado sólo se habían firmado 656 contraos, de los que 94 fueron indefinidos y el resto temporales.

Desde enero, la normativa permite a las empresas que apuesten por contratar personas en riesgo de exclusión social -siempre bajo el visto bueno de la Administración- reducir un 65 por ciento las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan por estos trabajadores.

Ante esta situación, CiU ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para la inserción laboral de personas con riesgo de exclusión social, que cuenta co el respaldo del Gobierno, según confirmó a Servimedia la secretaria general de Asuntos Sociales, Concepción Dancausa.

Se trata de una vieja pretensión del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que quedó pendiente en la pasada legislatura por falta de tiempo para su estudio y aprobación. De acuerdo con los cálculos ministeriales realizados entonces, unas 100.000 personas podrían incorporarse al mercado de trabajo con la nueva normativa.

NUEVA LEY

La proposición de ley de CiU, a la que tuvo cceso Servimedia, se circunscribe a perceptores de rentas mínimas de inserción, jóvenes de entre 18 y 30 años procedentes de reformatorios, drogadictos o alcohólicos en proceso de rehabilitación, presos cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo, liberados condicionales, ex reclusos y ex prostitutas, así como inmigrantes y emigrantes retornados con residencia legal y graves necesidades personales o familiares.

Asimismo, la normativa podrá beneficiar a quienes, a juicio de los servicis sociales y servicios públicos de empleo, estén en esa situación de exclusión social o sufran un grave riesgo de estarlo.

El modelo propuesto por CiU diseña además el concepto de empresa de inserción, cuyo fin primordial es la integración sociolaboral de estas personas, siempre bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Para que sean consideradas como tales, estas empresas deberán tener al menos un 51 por ciento de sus trabajadores en proceso de inserción y dedicar al meno el 60 por ciento de sus excedentes disponibles en cada ejercicio a la ampliación de sus estructuras de inserción.

La normativa propuesta regula también el contrato de trabajo para la adaptación sociolaboral, que podrá suscribirse por un periodo mínimo de seis meses y máximo de tres años, y podrá contar con un periodo de prueba de dos meses.