Larrea Dávila, que intervino en un foro organizado por el Grupo Editorial Intereconomía, explicó que esto ha sido posible gracias al convenio vigente entre España y Ecuador sobre flujos migratorios.

El diplomático subrayó que la protección de los emigrantes ecuatorianos tiene una alta prioridad en la política exterior de su país.

Así, añadió, el Gobierno del Ecuador, con el apoyo español, busca que los trabajadores ecuatorianos que lleguen a España gocen de modo efectivo de los derechos reconocidos por los instrumentos internacionales en materia laboral y social.

Explicó que en este marco se estableció la Unidad de Verificación y Control (UVC), que actualmente depende de la Subsecretaría de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores en Ecuador.

Su objetivo es la selección y asistencia para el viaje a España de los emigrantes laborales ecuatorianos, es decir, la contratación en origen.

De los 5.158 ecuatorianos llegados a España desde 2002, 1.638 fueron a trabajar al sector agrícola, 1.133 al comercio, 770 a hostelería, 508 a limpieza, 340 a construcción, 253 a transporte y 516 a auxiliares y otros.