A renglón seguido señaló que "por supuesto, algunos de los 40.000 autores inscritos, incluidos en ese 4 por ciento, sí superan con creces el salario mínimo, pero son muy pocos. La mayoría no pueden vivir de su creación".

Bautista aportó esta cifra para dar una idea de la injusticia que supone la falta de desarrollo de una legislación que favorezca la creación en España en un momento en que se discute en el Congreso de los Diputados la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 para cobrar una tasa por copia privada.

Tanto el directivo de la SGAE como los representantes de otras entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual aseguraron que el denominado "cánon por copia privada" daría un respiro a las maltrechas industrias editorial y cinematográfica.

Esta cantidad, que calificaron de "pago de derechos" la deberán pagar los fabricantes ydistribuidores de aparatos reproductores y cintas de audio y vídeo, y supondría una remuneración justa para aquellas personas cuyo trabajo es copiado ilimitada e impunemente.

Señalaron que los fabricantes han lanzado una campaña en la que quieren hacer creer que esa tasa significará un encarecimiento de los aparatos y las cintas; dato que desmintieron poniendo como ejemplo la tasa que se cobra en Francia por el mismo concepto desde 1985, que no ha obstaculizado un abaratamiento de estos productos.

Actualmente, el cánon que se cobra en Francia produce unos ingresos cercanos a los 2.500 milones de pesetas al año, que el Gobierno galo está aplicando directamente en la promoción y apoyo a la música, el cine y la edición, lo cual se ha traducido en una provechosa salida al exterior y mejora de esos productos.

Los fabricantes aseguraron que si la ley se pone en marcha con la modificación que ahora está en discusión y afecta a las ventas realizadas desde 1989, que es la fecha que fijaba el documento riginal (faltaba fijar la cantidad que se pagará como cánon), eso les supondrá a ellos un desembolso de 16.000 millones.