Esto supone que solo un 23% de las repatriaciones registradas el año pasado “se hicieron vía CIE”, según el informe anual sobre estos centros del Servicio Jesuita al Migrante (SJM), presentado este lunes en el Senado.

Bajo el título 'Territorio hostil. Formas diversas de hostilidad en los CIE', el trabajo denuncia “trabas para investigar agresiones policiales reportadas por los internos, deficiencias en la atención médico-sanitaria y obstáculos a las visitas de las organizaciones sociales”, y exige “su cierre definitivo”.

El director del estudio, Josep Boada, detalló en rueda de prensa que en 2021 entraron de forma irregular en España 42.000 personas, mientras que la cifra de expulsiones y de devoluciones a través del CIE fue muy limitada.

La Ley define el internamiento en estos centros como “una medida cautelar para asegurar la expulsión”, agregó, pero “a la luz de estos resultados, vemos que no son una herramienta eficaz para dicho fin”. Resaltó que los CIE estuvieron cerrados o con muy poca ocupación los primeros meses de 2021 pero que "después se reabrieron, pese a que muchos países mantenían sus fronteras cerradas y no permitían repatriaciones". "Cuál es su sentido entonces", se preguntó.

La misma idea sostuvo el coordinador del Programa CIE en la Fundación Migra Studium, Josetxo Ordóñez, tras denunciar que en 2021 el CIE de la zona franca de Barcelona “recibió muchos marroquíes”, cuando las fronteras estaban cerradas y no se permitían repatriaciones, salvo casos excepcionales. Lo mismo sucedía con los migrantes argelinos retenidos en el CIE de Algeciras.

En su opinión, el propósito real de los CIE “no es facilitar la expulsión, sino servir de castigo o sanción” para personas que se encuentran en España “en situación irregular, pero que no han cometido ningún delito”, y esto queda fuera de la Ley de Extranjería. Boada sugirió a su vez que “las autoridades pretenden dar la impresión de que controlan la situación, aunque no sea verdad”.

OPACIDAD Y DESATENCIÓN

El informe analiza la situación de los CIE en 2021 y en su presentación participaron voluntarios que visitan estos centros en Valencia, Madrid, Barcelona y Algeciras. Entre otros puntos, destacaron la “opacidad, la falta de protocolos y la descoordinación entre instituciones” que rigen todo su funcionamiento.

Según Boada, “la Dirección General de la Policía se niega a facilitar los datos que le pedimos, pese a estar obligada por la Ley de Transparencia”.

Ordóñez denunció a su vez “las continuas dificultades que se encuentran las ONG para visitar los centros” y para “investigar las denuncias de malos tratos y de negligencias en la atención por parte de los internos”.

Por otra parte, el informe critica “la insuficiente atención sanitaria” en los CIE, con “grandes brotes de covid-19 en 2021”, y subraya los problemas de salud mental entre los internos, a los que no se presta ninguna atención. En esta línea, explicó que los protocolos covid obligan a aislar en su celda a los internos que dan positivo. “Se les deja todo el día el teléfono móvil”, explicó, “pero ni todos disponen de uno, ni mucho menos de conexión a Internet”. “Si un confinamiento en domicilio ya es duro, imaginen 24 horas solos en una celda sin nada que hacer”.

A juicio de Ordóñez, “hemos retrocedido años en cuanto a la vigilancia y funcionamiento de los CIE” por la pandemia. La irrupción del coronavirus “le puso alfombra roja al Ministerio del Interior para reforzar la arbitrariedad y opacidad en los CIE”. “Nos ha jugado una mala pasada, y estamos en el momento de luchar para recuperar lo perdido”.