La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de 2021, obligaba a los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares a establecer ZBE antes de 2023, lo que afectaba a 151 localidades y las islas.

Un real decreto del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Demográfica indicaba que las ZBE establecidas antes de la entrada en vigor de esta norma (28 de diciembre de 2022) debían revisarse en un plazo máximo de 18 meses y, posteriormente, cada cuatro años.

Una vez concluido ese plazo, solo 23 ciudades afectadas cuentan con una Zona de Bajas Emisiones plenamente vigente, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Esa relación, recogida por Servimedia a partir de un mapa interactivo creado por el departamento dirigido por Teresa Ribera, la conforman Almería, Badalona, Barcelona, Cartagena, Córdoba, Cornellà del Llobregat, Elche, Esplugues de Llobregat, Estepona, Guadalajara, la Línea de la Concepción, l’Hospitalet de Llobregat, Madrid, Pamplona, Pontevedra, Rivas-Vaciamadrid, Sant Cugat del Vallès, Sant Joan Despí, Sant Adrià de Besòs, Torrejón de Ardoz, Sevilla y Zaragoza

Por el contrario, todos los territorios insulares y otros 13 municipios aún no han iniciado los trámites. Esas localidades son Aranjuez, Arganda del Rey, Arona, Barakaldo, Calvià, El Puerto de Santa María, Ferrol, Mijas, Motril, Orihuela, Sanlúcar de Barrameda, Telde y Valdemoro.

“CONTINUO ESTADO DE RETO”

Las ZBE son una herramienta muy extendida en Europa que sirve para mejorar la calidad del aire, proteger la salud de las personas y mitigar el cambio climático, según la campaña europea Clean Cities (‘Ciudades Limpias’), impulsada por más de 70 organizaciones, entre ellas las entidades españolas Amycos, Ceapa, ConBici, Confederación Intersindical, Consejo de la Juventud de España, Ecodes, Ecologistas en Acción, FAPA Francisco Giner de los Ríos, ISGblobal, Madres por el Clima, Ongawa, Salud Por Derecho y Teachers for Future Spain.

Además, Clean Cities añade que promueven un cambio hacia modos de transporte limpios, activos y sostenibles, contribuyen a la transición energética, disminuyen la contaminación acústica y permiten el reordenamiento y la naturalización del espacio urbano.

Desde esta campaña apuntaron este lunes que, respecto al cumplimiento legal de las ZBE, “la desobediencia ha sido manifiesta desde el principio”. “Se vive en un continuo estado de reto entre algunos ayuntamientos y el Gobierno que está poniendo en peligro la salud de las personas, la buena reputación de España en la gestión de los fondos europeos y la necesidad de mejorar nuestras ciudades para hacerlas más saludables y habitables mejorando su calidad del aire y dando más espacio a las personas y la naturaleza”, indicaron.

El plan de recuperación del Gobierno tras la crisis de la covid-19 puso sobre la mesa cerca de 1.500 millones de euros para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones y otras medidas de movilidad sostenible, pero parte de ellos están “en peligro” porque “algunos responsables locales” ignoran las ZBE, según Clean Cities.