IU obtuvo el respaldo del Centro Democrático y Social y Convergència i Unió para la toma en consideración de una proposición de Ley de Reforma del Estatuto de los Trabajadores (ET). Sin embargo, la propuesta de ley fue rechazada por 231 votos contra 43.

La iniciativa de IU quería cambiar el artículo 49.5 del Estatuto de los Trabajadores para que la situación de "gran invalidez o invalidez permanente total o absoluta del trabajador" no sea causa de extinción del contrato de trabajo.

Ricardo Peralta justificó esta medida en el general incumplimiento del artículo 38 de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), que obliga a toda empresa con 50 trabajadores fijos o más, pública o privada, a destinar el 2 por ciento de sus puestos de trabajo a personas disminuídas.

Por su parte, el portavoz socialista, Luis Escribano, argumentó la postura en contra de su grupo señalando que "la vía adecuada no es la que aquí se establece, sino el impulso de políticas diversas: algunas n funcionamiento, otras que sin duda debemos pensar y acabar resolviendo".

Escribano insistió en la necesidad de aquellas políticas que conduzcan a la formación profesional de los disminuídos, "elemento que sin duda está -incluso más allá de la propia minusvalía- estableciendo una considerable dificultad para que el minusválido entre en las mejores condiciones posibles en el mercado de trabajo".