Así lo pone de manifiesto el informe encargado por la confederación Dincat (Plena inclusión Cataluña) y Granés Fundació, presentado este jueves en el Colegio de Periodistas de Cataluña, en Barcelona.

Según sus estimaciones, una de cada 100 personas tiene discapacidad intelectual en Cataluña, lo que hace un total de 79.000 personas en la comunidad, cifra que los expertos creen que irá en aumento.

En la presentación del trabajo participaron Carles Campuzano, director de Dincat; Laura Masferrer, directora gerente de Granés Fundació; Anna Figueras, secretària de Asuntos Sociales y familias, y Ariadna Fitó, autora del informe.

En su intervención, Campuzano explicó que este trabajo pretende ser una radiografía sobre la realidad del sector de la discapacidad intelectual en Cataluña, “ante la preocupante falta de estadísticas oficiales”.

A su juicio, “la Administración Pública debería ser la primera interesada en este tipo de estudios” y exigió la publicación de datos desagregados por tipo de discapacidad.

Masferrer señaló a su vez “la necesidad de conocimiento” de cara a poner en práctica “políticas públicas adecuadas a las necesidades de las personas” y ambos reclamaron “una financiación digna”, además de la consideración de la discapacidad intelectual “como un grupo prioritario y específico” para las actuaciones sociales.

FALTAN RECURSOS

Según el informe, el 56% de las personas con discapacidad intelectual de Cataluña tienen menos de 35 años. El 60,7% son hombres y el 39,3%, mujeres.

Los 97 centros de desarrollo infantil y atención precoz que hay en toda Cataluña "son una herramienta insustituible, pero insuficiente para las familias que necesitan ayudas y diagnósticos urgentes.

En los últimos 20 años, el número de usuarios de estos centros ha aumentado exponencialmente, al pasar de 5.900 personas a más de 40.000. Del mismo modo, el número de horas concertadas creció un 12%, y el de menores atendidos, un 44%.

Esto se traduce en que cada vez hay menos horas de atención para los beneficiarios, perjudicados por “una reducción de la frecuencia en la prestación del servicio”. De hecho, más de la mitad de los atendidos en estos servicios durante los últimos tres años estuvieron menos de 12 meses, muy por debajo del tiempo recomendable.