Sin embargo, según dicho sondeo, el 44 por ciento de los encuestados califica la gestión del Gobierno socialista de regular, mientras que un 21,7 por cieno la considera mala y el 14,6 por ciento, muy mala.

Los resultados de la encuesta reflejan, asimismo, que si el presidente del Gobierno, Felipe González, decidiera ahora disolver las Cámaras y convocar elecciones generales, obtendría el respaldo del 38,3 por ciento de los votantes, casi 10 puntos menos que lo logrado en los comicios del 28 de octubre de 1982, en los que el PSOE recabó el 47,3 por ciento de los votos.

El Partido Popular, por su parte, conseguiría el 31,6 por ciento de los votos, ms de seis puntos que en 1982, lo que le permitiría situarse a menos de 7 puntos de distancia del PSOE.

Asimismo, tanto Izquierda Unida, como el CDS y Convergencia i Unió obtendrían más votos que hace una década, siendo más espectacular el ascenso de IU, que pasaría de tener el 1,70 de los votos al 10,6 por ciento.

Respecto a la actuación del Gobierno en los diferentes ámbitos políticos, tan sólo la gestión socialista en política exterior merece el aprobado de los encuestados, que le dan una puntución de 5,3 sobre diez puntos.

El resto de los departamentos no superan el "examen", siendo las políticas económica y laboral las que reciben la menor puntuación, con 3,15 y 3,61 puntos, respectivamente.

La gestión en defensa y la política autonómica son valoradas con 4,23 y 4,24 puntos, respectivamente, mientras que el funcionamiento de los servicios públicos y la lucha contra la droga, reciben un 4,34 y un 4,41 de puntuación.

Tampoco superan el aprobado la política social, que tiene 4,69 pntos, ni la lucha antiterrorista, a la que, a pesar de las últimas actuaciones de las fuerzas de seguridad, los encuestados dan una puntuación de 4,69.

Finalmente, el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos y la política de infraestructuras, aunque se aproximan al aprobado, tampoco logran superarlo, obteniendo 4,73 y 4,92 puntos respectivamente.

El sondeo refleja también la percepción de los ciudadanos sobre la honradez de los gobernantes: los miembros del gabinete reciben una puntución de 3,13 puntos sobre 10 en este aspecto.