Así lo afirmó hoy la secretaria confederal de Política Social de CCOO, Purificación García, durante una rueda de prensa celebrada en Madrid para presentar las propuestas del sindicato al nuevo Plan de Vivienda que prepara el Gobierno y que deberá ser aprobado en Consejo de Ministros.

A este respecto, García manifestó su satisfacción por las líneas generales del borrador del plan, tales como el apoyo al alquiler y la promoción de más vivienda protegida, lo que deberá acompañarse de la consolidación de un parque de este tipo de inmuebles, tanto en régimen de propiedad, como de arrendamiento.

No obstante, a pesar de estar de acuerdo con la "filosofía que desprende" la iniciativa del Ejecutivo, la secretaria confederal manifestó la conveniencia de establecer objetivos concretos, cuantificables y evaluables en cada una de las materias, incluyendo una dotación prespuestaria que haga posible alcanzarlos, lo que, a su juicio, "no se contempla en la reducción actual del plan".

Entre otras iniciativas, CCOO solicita que el número de actuaciones en materia inmobiliaria se realicen teniendo en cuenta la creación de los nuevos hogares, que los estudios cifran en unos 400.000 anuales, ya que este colectivo es el que más problemas tiene para acceder al mercado al no disponer de un patrimonio suficiente que avale la adquisición.

LUCHAS PARTIDISTAS

Al acto también asistió el responsable del gabinete económico de CCOO, Miguel Ángel García quien consideró que el Gobierno debe aumentar la dotación económica de gasto directo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), al mismo tiempo que las comunidades autónomas "tienen que abandonar luchas partidistas para hacer llegar las ayudas a los ciudadanos".

En este sentido, recordó que las competencias en el ámbito inmobiliario están en manos de las comunidades autónomas y ayuntamientos, por lo que su colaboración con el Gobierno central es "vital" para solucionar los problemas de acceso de los colectivos más desfavorecidos.

De hecho, en la actualidad, las deducciones fiscales en el IRPF alcanzan los 6.000 millones de euros, lo que supone siete veces el gasto directo previsto en los PGE, y de las que se benefician, sobre todo, las rentas más altas, según CCOO.

A este respecto, el sindicato pretende que se reoriente esta política de gasto, derivando recursos de los beneficios fiscales de los salarios más elevados hacia las ayudas directas a las personas con menos recursos.

Finalmente, Miguel Ángel García afirmó que "la única forma de parar esta tendencia ascendente de los precios inmobiliarios es a través de la oferta" y cifró en 500.000 las actuaciones necesarias en el mercado del alquiler, con una dotación anual de ayudas de 1.000 millones de euros, para conseguir frenar la escalada.

"Ahora se destinan 3.850 millones de euros a la deducción por la compra de vivienda en el IRPF, lo que es una medida claramente ineficiente porque los precios no paran de subir. Lo que hay que hacer es reequilibrar estás subvenciones a través del mercado del alquiler y el uso racional del suelo", explicó el responsable económico.