Así lo ha puesto de manifiesto el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi), al presentar hoy un estudio sobre el nivel de cumplimiento de la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad (Lismi) en la Generalitat.

El estudio no se limita a las plazas de funcionario, sino que abarca también los puestos de trabajo temporal o interinos. Los ámbitos laborales analizados son función pública, contratos laborales, cuerpo docente y personal estatutario.

Así, Cocarmi observa un fuerte desnivel entre personas con discapacidad contratadas laboralmente (2,57%), y personas con discapacidad que acceden a los cuerpos de funcionariado (entre el 1,11% a los cuerpos docentes y el 1,21% a las plazas convocadas por la Dirección General de Función Pública).

Otro dato destacable es que la ocupación de las plazas de reserva para personas con discapacidad resulta bastante baja, ya que quedan libres más de cuatro de cada cinco plazas.

La normativa de acceso a la función pública de las personas con discapacidad insta a los diferentes organismos de la Administración catalana a reservar un 5% de las plazas de funcionariado, hasta lograr el umbral del 2% del total de los cuerpos públicos que marca desde 1982 la Lismi.

ANÁLISIS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN

Para mejorar la situación descrita, con esta investigación Cocarmi ha querido dar a conocer el nivel de aplicación de la reserva de plazas para personas con discapacidad en el acceso a la función pública catalana, así como los factores que inciden en el ingreso de estas personas en la administración autonómica.

Entre estos factores destacan la desventaja en formación, el conocimiento insuficiente del catalán en personas sordas de una cierta edad,las dificultades de las personas con enfermedad mental para sobreponerse al miedo y al estrés, los centros educativos no adaptados.

El estudio sobre el nivel de cumplimiento de la Lismi en la Generalitat llevado a cabo por Cocarmi hace siete propuestas concretas para mejorar la inserción laboral de las personas con discapacidad en la administración pública:

1.- Mejorar el nivel de estudios de las personas con discapacidad.

2.- Aplicar la reserva de plazas para personas con discapacidad en las convocatorias de personal laboral.

3.- Asegurar que la información sobre convocatorias en la administración pública llegue a las personas con discapacidad.

4.- Ampliar las convocatorias específicas de acceso a plazas de contratación laboral a nuevos colectivos (personas con enfermedad mental).

5.- Aumentar los recursos para la adaptación de las pruebas de selección de personal de la administración pública.

6.- Mejorar la información sobre los puestos de trabajo a los que se opta y, en caso de no conocimiento previo, garantizar una adaptación adecuada del puesto de trabajo.

7.- Incentivar la orientación de los servicios de inserción laboral para persones con discapacidad respecto a la función pública.