El Supremo mantiene la validez de la sentencia hecha pública en julio de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en la que se absolvía a Cañellas por el delito de prevaricación (al no haber pruebas contra él) y se le hacía responsable de un delito e cohecho del que se le absolvía por haber prescrito.

La única diferencia entre el reciente fallo judicial y el del tribunal balear radica en que el empresario Antonio Cuart es ahora absuelto de un delito de cohecho.