Según informó el departamento ministerial, este informe reveló que durante el año pasado se registraron 766 solicitudes de ayuda para morir, de las cuales se llevaron a cabo 334 prestaciones. En 2023 se registraron un 24,8% más de solicitudes de eutanasia que el año anterior.

La Ley orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia (LORE), que entró en vigor el 25 de junio de 2021, nació para dar respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual introduciendo un nuevo derecho individual en España.

Desde su entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2023, se atendieron 1.515 solicitudes de prestación de ayuda par a morir: 173 durante 2021; 576 en 2022; y 766 durante el año 2023.

Según el informe de 2023, el perfil más frecuente del solicitante es el de una persona entre 70 y 79 años (28%). Asimismo, las enfermedades de base más frecuentes entre los solicitantes fueron la patología oncológica (35%) y la neurológica (35%).

ENFERMEDAD GRAVE

El documento ministerial también reveló que las personas solicitantes tienen enfermedades graves y, si bien, la mayoría de ellas poseen capacidad al inicio de la solicitud (95%), un 15% estaban en riesgo inminente de perder dicha capacidad.

En relación con el tiempo transcurrido desde la solicitud hasta la realización de la prestación de ayuda para morir, fue de 67 días de media con una mediana de 54,2 días. Incluso, un 25% de las personas solicitantes fallecieron antes de resolverse su solicitud. El tiempo medio desde la solicitud hasta el fallecimiento fue de 30 días.

La prestación se realiza de forma preferente en el ámbito de la Atención Primaria y de la sanidad pública. En cuanto al lugar donde se realizó la prestación, el 47% de las veces tuvo lugar en el hospital, mientras que el 44% se llevó a cabo en la residencia o domicilio del paciente.

El informe también puso de manifiesto que el número de personas que cambian de opinión, es decir, que revocan la prestación es mínimo (3%). El número de personas que solicitan aplazar la aplicación de la eutanasia una vez aprobada la solicitud supone un 4% del total.

SOLICITUDES

El número de solicitudes denegadas fue del 24%, de las que, tras las correspondientes reclamaciones ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Eutanasia (CGyE) correspondientes, fueron estimadas favorables más de la mitad de las reclamadas (58%).

En la mayoría de los casos, se solicita la administración directa de la medicación por parte del equipo sanitario. Un 12,5% de los solicitantes se acogieron al programa de donación de órganos de acuerdo con el protocolo específico establecido.

La distribución de las 766 solicitudes de eutanasia registradas en todo el territorio nacional es la siguiente: Cataluña 219, Madrid 89, Canarias 62, País Vasco 58, Comunidad Valenciana 56, Andalucía 43, Galicia 41, Islas Baleares 37, Asturias 33, Castilla-La Mancha 28, Castilla y León 27, Navarra 24, Aragón 22, Cantabria 19, La Rioja 4, Extremadura 2, Murcia 2, Melilla 0 y Ceuta 0.