El letrado de los miembros de esta asociación solicitó del juez que sean citados como testigos el ingeniero redactor del proyecto original, así como al que modificó dicho proyecto y el que diriió las obras, llevadas a cabo por la empresa Obrascon.

Asimismo, se solicitó que se cite a declarar a la empresa responsable de la señalización de la carretera, para que dé cuenta de porqué se produjo el cambio en la señalización horizontal y por orden de quién.

En la misma línea de actuaciones, también solicitan la colaboración de la Escuela de Ingenieros de Caminos y de la Facultad de Geológicas, a fin de que estudien los proyectos aportados, en su día, por el Ministerio de Obras Públicas (MOPU.

También se solicita la inspección ocular y planos anexos, que reflejaban el estado actual de la carretera, para determinar el posible incumplimiento de la Administración en la ejecución de los proyectos.

En el mismo escrito, presentado esta mañana ante el juez, se pide que el jefe de demarcación de carreteras de Andalucía, y denunciado Rafael Villar, explique extremos tan importantes como los motivos por lo qué la carretera se inauguró casi tres años antes de la recepción definitiva de la obra. También se le pide que explique la razón porqué se disparó el presupuesto de esta carretera en cerca de 450 millones más de los inicialmente previstos; las causas de que se llegaran a habilitar más de 5.000 metros de vía lenta, cuando los proyectos iniciales la desaconsejaban, y por último, de los fondos Feder invertidos en este tramo de la carretera.

Según la Asociación de Perjudicados por la "carretera de la muerte", si el juez denegara la práctica de estas pruebas, su resolución sería recurrid hasta la audiencia.