Durante la vista, el fiscal de la Audiencia Nacional solicitará un total de 143 años de cárcel para Letona y Hermosa, acusados de un delito de atentado con resultado de muerte, dos delitos de asesinato consumado y otros dos de asesinato frustrado y de dos delitos deutilización ilegítima de vehículos de motor. Además, pedirá para Letona otros 9 años de prisión por pertenencia a banda armada.

Asimismo, también serán juzgados Manuel Murúa Alberdi, para quien el representante del ministerio público solicitará 74 años de reclusión como cómplice de los delitos de atentado y dos asesinatos consumados y otros dos frustrados, e Ignacio Aldana Celaya, a quien el fiscal considera encubridor de los cuatro delitos de asesinato, por lo que requerirá una pena de 30 años de cárel.

Según el ministerio fiscal, Murúa transmitió a los integrantes del "comando Vizcaya" informaciones sobre el bar "Rancho chileno" de Sestao, frecuentado por policías, que habían sido recabadas por el etarra Carlos Etxeandía Zorroza, ya condenado por esta causa.

Los dos etarras, junto con Enrique Izueta Barandika, "Endika", procesado por esta causa aunque en situación de rebeldía, acordaron entonces perpetrar un atentado contra los funcionarios el 22 de marzo de 1982, para lo que fueron haciend acopio del armamento necesario.

Ese día, los tres procesados, en unión de otro miembro sin identificar del "comando Vizcaya", robaron dos vehículos en Sestao, tras amenazar a sus propietarios con armas de fuego.

Sobre las tres de la tarde, los cuatro etarras penetraron en el bar portando una metralleta, dos sub-fusiles y una pistola y se dirigieron a una mesa donde se encontraban los inspectores Agustín Martínez Pérez y Alfonso Maside Bouzo, a los que dispararon unos 107 proyectiles, causándolesla muerte, al igual que a Cristina Mónica Illaramendi, de nacionalidad argentina.

En el atentado también resultaron heridos los inspectores Miguel Angel Cabezas y Miguel Angel Fernández, así como el etarra Enrique Letona, que fue trasladado por los otros dos terroristas al domicilio de Juan Ignacio Aldana Celaya, colaborador del "comando Vizcaya", hechos por los que se sigue otro procedimiento judicial.

El fiscal acusa a Aldana de conocer con anterioridad el atentado lo que los etarras tenían preisto realizar en el bar "Rancho chileno", pese a lo cual dio alojamiento a los terroristas.