Solchaga, que expuso el contenido de su propuesta en la Comisión Mixta Congreso-Senado, explicó que en 1990 los precios crecieron un 6,5 por cieto y los salarios lo hicieron entre un 8,3 y un 8,5, lo que arroja una media de dos puntos por encima del IPC.

"El Gobierno propone simplemente que ocurra algo similar pero a niveles más bajos, cercanos a los de la Comunidad Europea", agregó.

Indicó también que el Pacto de Progreso no es una propuesta cerrada, sino un enunciado para su negociación, y aseguró que a pesar del esfuerzo de consenso, "el Gobierno no cree que se pueda asegurar el progreso mediante transferencias de fondos en nombre de a cohesión social".

A su juicio, "el pacto de rentas para empresarios y trabajadores es equilibrado entre ambos y razonable, ya que no se le pide a nadie sacrificios".

Volvió a insistir en que su propuesta es la única medida que garantizaría una recuperación del poder adquisitivo de los salarios y una mejora de la competitividad de las empresas.

Solchaga recordó nuevamente que el diferencial de inflación con los países del entorno comunitario acumulado en los últimos años es el factor que má ha contribuido a deteriorar la capacidad competitiva de las empresas españolas.

En su exposición a los diputados, resumió los pilares básicos de su propuesta: un pacto sobre política de rentas que garantice las mismas limitaciones para los salarios que para los beneficios empresariales, la incentivación al ahorro privado y de las empresas y la reforma del mercado laboral, con una reducción de las modalidades de contratación, de la Formación Profesional y de la cobertura al desempleo.

En este senido, agregó que el Gobierno estima insatisfactorio el actual sistema de desempleo, por lo que propone que los parados acepten la realización de cursos de formación que permitan reciclarse en su profesión si en un plazo de uno o dos años no han encontrado un nuevo puesto.ACTITUDES PARLAMENTARIAS

Los portavoces de los grupos parlamentarios del Partido Popular, Convergència i Unió e Izquierda Unida plantearon objeciones al documento presentado por el Gobierno en la Cámara, coincidiendo en la falta demedidas concretas de que adolece, en su opinión, la propuesta.

El representante del PP, Rodrigo Rato, afirmó que "durante dos años el Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante la economía reduciendo las tensiones inflacionistas que la frenaban, y son los trabajadores los que han hecho el esfuerzo".

Recordó que el líder de su partido, José María Aznar, propuso un pacto de estas características en la Cámara en varias ocasiones y que siempre recibió el rechazo del Gobierno y el partido que lo susteta, por lo que criticó que ahora el Ejecutivo quiera sacar un pacto consensuado, "después de haber perdido dos años", para poner en orden la economía antes de la aplicación del Mercado Unico.

Esta acusación fue rechazada por el ministro, quién indicó que sedaría por satisfecho si los resultados económicos de 1991 son equiparables a los del año pasado.

También insistió en el retraso del Gobierno el portavoz de Izquierda Unida, Nicolás Sartorius, que pidió explicaciones a Solchaga sobre el significdo de su propuesta "cuando dice que hay que cambiar los mecanismos del Estado para el bienestar social".

"Estos mecanismos", continuó, "hasta ahora han sido las pensiones y el subsidio de paro, entre otras prestaciones. ¿Es esto lo que dice que hay que cambiar?, ¿cómo quiere cambiarlo?, porque a lo mejor hay que privatizarlo para que, a su juicio, empiecen a funcionar".SIN COMPROMISOS

El responsable de Economía indicó que la intención del Ejecutivo no es privatizar los servicios públicos, aunue advirtió que el Gobierno no tiene ningún compromiso en este sentido. "Lo que no se puede hacer", dijo, "es que los servicios sólo puedan ser prestados por empleados públicos".

Por su parte, el portavoz del grupo catalán, Francesc Oms, destacó su disposición a un acuerdo que permita alcanzar los objetivos económicos que desea el Gobierno, pero advirtió que para ello el Ejecutivo deberá concretar más su iniciativa.

Entre las objeciones expuestas por CiU a la propuesta del Gobierno está su "retrao y error de forma". Para el grupo catalán, el Gobierno debería haber propuesto en 1985 ante la Cámara un acuerdo político para reorientar la economía, con el fin de que los plazos de los que ahora habla Solchaga (1992-1994) no tuvieran que coincidir en dos años con el mercado único.

Sólo el portavoz del PSOE, Francisco Caldera, expresó abiertamente el apoyo al documento del Gobierno, por considerar que supone el cumplimiento de una de las principales promesas del Ejecutivo para esta legislatura.

Señaló también que el Pacto de Progreso recoge uno de los aspecto que más interesan a los trabajadores, como es la mejora de las posibilidades para crear puestos de trabajo, en lugar de incidir constantemente en las mejoras laborales de la población activa.