Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Solchaga, declaró en el Aeropuerto de Barajas que la huelga general no afectará a los planes del Gobierno, en tanto que el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), José Borrell, afirmó en Granada qe la convocatoria sindical no le parece un hecho dramático.

Celia Villalobos, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Empleo del Congreso, manifestó a Servimedia que un paro general "es una huelga política y, en democracia, la política se mide a través de las urnas".

En su opinión, el conflicto creado por el "decretazo" no se resuelve con una huelga general, sino con una "reforma completa de su contenido" durante su convalidación parlamentaria como proyecto de ley.

Para la portavoz poular, el Gobierno tiene "parte de la responsabilidad de la situación a que se ha llegado por haber realizado una política de provocaciones continuas y de negativa al diálogo".

Puso como ejemplo que "el ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, aprovechó su última comparecencia en el Congreso, que fue convocada para explicar el diálogo social, para presentar el proyecto de ley de huelga".

Acusó también al Gobierno de haber hurtado la discusión del decreto sobre el seguro de desempleo a los órganostripartitos del INEM. "Cuando los sindicatos sienten que frente a ellos lo que hay es un muro que se niega a explicar las acciones políticas, eso conduce a la huelga general", añadió.

A su juicio, la huelga general perjudicará sobre todo "al Gobierno, porque es la segunda que se hace contra un Ejecutivo socialista".

También se pronunció contra la huelga el secretario general de Convergencia i Unió, Miquel Roca, quien señaló en Tarragona que "no hay proporción entre el motivo de la queja y la exprsión de la queja". Añadió que no comprende que, por estar en desacuerdo con el Gobierno, se castigue a los empresarios y a la economía del país.

En sentido contrario, el líder de Izquierda Unida, Julio Anguita, manifestó hoy que los sindicatos tendrán todo el apoyo de esta formación política en las movilizaciones, que calificó "legítima defensa contra una agresión sin precedentes".

Anguita dijo que la sociedad no está condiciones de seguir soportando "planes económicos tendentes a recortar el gaso público, a distanciarnos cada vez más de Europa en gasto social, cobertura de desempleados, salud pública y educación".

Esta situación contrasta, a su juicio, con "una banca que mantiene unos tipos de interés muy distantes de los del resto de Europa".

A su vez, el secretario general del CDS, José Luis Gómez Calcerrada, que presentó en rueda de prensa las alternativas de su partido al Plan de Convergencia, dijo que, si el Gobierno no varía "sustancialmente" el decreto del seguro de paro "nos vermos obligados a apoyar la huelga general".

En su opinión, el decreto es un "ajuste durísimo y un ataque frontar a la parte más débil de la sociedad, los parados", por lo que en su convalidación parlamentaria presentarán una enmienda a la totalidad, aunque sin renunciar a la presentación de enmiendas parciales.

Para el CDS, el déficit público debe corregirse con medidas como la lucha contra el fraude fiscal, una mejor gestión de las empresas públicas y la supresión de la administración del Estado llí donde las comunidades autónomas hayan asumido las competencias, incluyendo la eliminación de los gobernadores civiles.

Gómez Calcerrada dijo que las ofertas de diálogo realizadas por el Gobierno son en realidad "un contrato de adhesión" puesto que ha dejado claro que no retirará el decreto y que no admitirá cambios sustanciales en su contenido.

SOLO HABRA CAMBIOS DE MATIZ

Por otra parte, el ministro de Economía, Carlos Solchaga, afirmó que "una situación de amenaza" no va a cambiar la decisón del Gobierno. El decreto, añadió, "puede ser modificado en los detalles y perfeccionado en algunos aspectos y matices, pero no en su raíz y en sus objetivos".

Asimismo, el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), José Borrell, opinó que la huelga general no hay que darle "una importancia dramática" y recordó que el PSOE ganó por mayoría absoluta las elecciones generales celebradas tras el 14-D

"La huelga", comentó, "es un derecho constitucional cuyo ejercicio es un problema de la resposabilidad de quien lo ejerce".