En la inauguración de las Décimas Jornadas de Control Interno del Sector Público, Solchaga afirmó que "el crecimiento de la presión fiscal durante esta década habrá de ser muy inferior al logrado durante los ochenta y derivarse primordialmente de las mejoras en la getión tributaria".

Por esa razón, alentó a los interventores del Estado a redoblar el control de los fondos públicos, para los qe exigió "una disciplina en la gestión que reduzca al máximo las desviaciones de los gastos realizados respecto de los previstos".

El ministro recalcó que reducir el déficit público al 1 por cien "tiene un carácter crucial no sólo para cumplir los requisitos de convergencia de la tasa de inflación y de los tipos de interés españoles, sino también para generar una tasa de ahorro suficiente que permita mejorar la situación de la balanza en cuenta corriente y el curso del cambio de la peseta".

Reconció que el logro de ese objetivo "es una tarea que habrá de afrontar fuertes obstáculos derivados, en primer lugar, del hecho de que en un Estado de las Autonomías la política presupuestaria es la resultante de decisiones adoptadas por diferentes niveles de gobierno con intereses no siempre totalmente convergentes".

Otra dificultad que también compromete su consecución es "la presión social" para mantener los servicios públicos al menos en sus niveles actuales, especialmente en protección social, educción y e infraestructuras.

"La experiencia de lo ocurrido en la década anterior en otros países europeos, en los que los deseos expresos de reducir el peso del gasto público se ha traducido en el mejor de los casos en congelar los niveles de partida, avala esta visión de la rigidez del gasto y de la dificultad de su disminución", agregó.

GANADORES Y PERDEDORES

Solchaga dejó claro que considera necesario el fuerte incremento registrado por el gasto público en España durante los años ochenta, hasa situarse en el 43 por ciento del PIB en 1991, pero insistió en que es necesario establecer controles que permitan estimar "a priori" el coste y los beneficiarios y perjudicados de cada inversión.

Para ello, señaló, se encuentran en "avanzado" estado de elaboración un Libro Blanco sobre la Gestión Económico Financiera del Gasto Público en España y sendos anteproyectos de Ley General Presupuestaria y de Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado.

Según el ministro, es neesario establecer sistemas de evaluación del gasto "que puedan permitir una mayor responsabilidad ante los ciudadanos".

Las lineas maestras de ese control, explicó, pasan por explicar el coste total de cada inversión, incluyendo su mantenimiento, los beneficiarios y perjudicados, qué proyectos alternativos se sacrifican y cuáles son los efectos en la distribución de la renta.

Por otra parte, Solchaga alertó contra la opinión de que la descentralización administrativa y la proliferación de entes yorganismos autónomos es siempre positiva, por su mayor "flexibilidad" organizativa.

"Esta mayor flexibilidad no supone una condición suficiente para garantizar la eficacia de la gestión de las unidades que la alcanzan", recalcó. "De hecho", añadió, "en una buena parte de los casos, parece reducirse a una opacidad de la gestión sin mayores repercusiones en la calidad del servicio prestado".

Para evitar este fenómeno, es necesario, a su juicio, "ordenar el mapa de entes y organismos públicos que ho tenemos", y aplicar mecanismos de control "que hagan compatible esta mayor flexibilidad con el rigor presupuestario que debe exigirse en los próximos años".