Los grupos parlamentarios de la oposición pidieron una reforma del sector público y medidas activas para luchar contra el problema del desempleo.

Solbes anunció que el Gobierno no tiene ningún compromiso específico para reducir las cotizaciones a la Seguridad Social a cambio de incrementar el IVA, aunque reconció que la Administración está estudiando esta posibilidad.

Tras la exposición de este nuevo Programa de Convergencia, que estima para 1997 un crecimiento de la economía del 3,9 por ciento y una reducción del déficit hasta el 3 por cien del PIB, el ministro reiteró la intención del Gobierno de deflactar la tarifa del IRPF para los próximos Presupuestos, además de insistir en que no aumentará la presión fiscal.

CRITICAS

Las principales críticas procedieron del Grupo de Izquierda Unida y del Popuar. El portavoz de Izquierda Unida, José López Garrido, acusó al ministro de no haber planteado en el citado plan "ni una política activa" en cuanto a empleo se refiere, ni comentario alguno sobre el futuro de las pensiones.

A este respecto, el ministro respondió que el actual sistema de financiación de la Seguridad Social está siendo debatido por una comisión del Congreso y que el Ministerio de Economía está esperando su dictamen.

El portavoz popular, Cristobal Montoro, recalcó que España debe prticipar en la Unión Monetaria Europea, y aseguró que los resultados de las elecciones europeas "deslegitiman" la política económica del Gobierno, al tiempo que calificó de "electoralista y voluntarista" al Programa de Convergencia.

A su juicio, el nuevo plan lleva el marchamo del fracaso y lo que procede es una salida del `impasse' político" que vive España, a lo que Solbes contestó que "las urnas legitiman y deslegitiman lo que votan".

LOS NACIONALISTAS

El Programa de Convergencia encontró poas críticas por parte de los grupo catalán, vasco y canario. El diputado de CiU, Joaquin Molins, alentó al Ejecutivo a "no bajar la guardia y continuar con la lucha contra el déficit y la flexibilización del mercado de trabajo".

Mostró sus dudas sobre el planteamiento gubernamental de centrar el crecimiento de nuestra economía para 1995 en la demanda interna y no en el sector exterior.

Abogó por reducir las cotizaciones sociales, mantener la presión fiscal y mejorar la gestión del IVA, tributo esecialmente sensible al fraude.

El peneuvista Jon Zabalía pidió como "objetivo prioritario" la reforma del sector público y se mostró reticente ante la estimación del Gobierno de reducir el déficit público hasta el 3 por ciento del PIB.