De esa forma respondió Solbes, al ser preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, sobre la posibilidad de que esa sentencia pueda afectar a la negociación de la financiación, también de Cataluña.

Recordó que cuando se negoció y se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña ya había doctrina del Tribunal Constitucional sobre la financiación autonómica y no cree que la posición varíe con la sentencia pendiente.

Insistió también en que el deseo y el objetivo del Gobierno es terminar la negociación sobre financiación antes de final de año y que, en todo caso, aunque concluyera después, que el modelo sea aplicable con fecha de uno de enero de 2009.

En este sentido, sobre la ausencia de cifras en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que indiquen la disposición del Gobierno a incluir créditos destinados a satisfacer ese modelo, respondió que sería como "jugar al póquer enseñando las cartas".

Reiteró que lo importante es acordar un modelo razonable, y no la forma en que se pondrá sobre la mesa el montante necesario, porque hay fórmulas para ello.

La sentencia del Constitucional sobre el Estatuto está pendiente, como también la renovación de los magistrados que debe nombrar el Senado. En este sentido, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que la negociación sigue entre los portavoces parlamentarios.

Aunque la reunión prevista entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición tiene como principal objetivo la situación económica, Fernández de la Vega no descarta que también puedan abordar esa renovación.

La negociación "todavía, y que yo sepa, no está bloqueada" sino inmersa en las negociaciones que requiere una decisión con trascedencia como es proponer desde el Senado los cuatro magistrados que han superado ya su mandato, y desde el Congreso la sustitución del fallecido Roberto García Calvo.

El Gobierno rechaza "especular" sobre si el Constitucional debe sentenciar acerca del Estatuto catalán antes o después de ser renovado.

Fernández de la Vega apeló a la Constitución para recordar que ese órgano sigue trabajando "a pleno rendimiento" mientras es renovado y, por tanto, puede abordar cualquiera de los asuntos pendientes sin que haya otra valoración que el "máximo respeto" a la decisión que tome.