En todo caso, agregó el responsable de Economía y Hacienda en la sesión de control al Gobierno, el "único" organismo que puede determinar dicha adecuación de las condiciones a la legalidad europea es el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

"Estamos hablando de un problema de interpretación de la proporcionalidad de las condiciones impuestas" a E.On, explicó Solbes, quien recordó, no obstante, que la decisión de la Comisión Nacional de la Energía "no es definitiva" y sobre ella hay cinco recursos de alzada y las comunicaciones remitidas por la Comisión Europea.

En su última misiva a Bruselas, el Gobierno, añadió el vicepresidente, traslada a la Comisión que "sería posible modificar las condiciones" impuestas a E.ON, "modulándolas para no interferir" en la legislación comunitaria.

El secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, acusó al Gobierno de no tener "reparos en vulnerar la legislación" en su oposición a la OPA de la empresa alemana.

Tres días después de la OPA se aprobó "el 'montillazo' anti- E.ON", dijo Arias Cañete, en referencia al decreto que amplió las funciones de la CNE. El regulador impuso sus condiciones a la empresa alemana "y todo el Gobierno avaló la legalidad" de las mismas, añadió, citando al propio Solbes, al secretario de Estado de Economía, David Vegara, y a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Pero en septiembre "empezó a cambiar el rumbo" y se comenzó a hablar de retirar algunas de las condiciones impuestas a E.On, tras lo cual, recordó Arias Cañete, el presidente del Gobierno habló de un "final feliz, que no es otra cosa que la estimación del recurso de E.On".

"El Gobierno español ha hecho el ridículo más espantoso, se ha mostrado como un Gobierno intervencionista en la economía", que "ha dañado irreversiblemente a los reguladores" y ha dejado a la CNE "desautorizada y desprestigiada".

Maite Costa, su presidenta, finalizó Arias Cañete, "tendrá que dimitir por haberse prestado a ser instrumentada por Montilla".