Por ello, en una rueda de prensa, advirtió que el análisis de la nueva ley de cajas de la Comunidad de Madrid que debe realizar el Ministerio de Administraciones Públicas "no evita el problema de fondo" que es la idoneidad o no de llevar a cabo la modificación de la normativa en este momento.

Según explicó Solbes, el papel de Administraciones Públicas es determinar si la ley madrileña es compatible con la Ley Orgánica Reguladora de Cajas de ahorros (Lorca) y más allá de eso no hay otra intervención del Gobierno en este asunto.

En esta línea, indicó también que la constitucionalidad o no de la nueva ley la determinará el Tribunal Constitucional.