Solbes explicó que se trata de una maniobra para achacar al ejercicio de 1995 el gasto que se tiene que pagar este año. Mostró su preocupación por los efectos que esta medida puede tener en la concesión de fondos de cohesión europeos, en el cumplimiento de los criterios de convergencia de la Unión Monetaria y en los mercados financieros.

El ex ministro argumentó que, atribuyendo al año pasado un gasto que se tiene que ejecutar éste, e Gobierno dispone de más margen de maniobra para elaborar unos presupuestos restrictivos para el año que viene.

Pedro Solbes señaló que la verdadera intención del Gobierno "es gastar más", especialmente el Ministerio de Fomento, departamento al que, según él, "han dejado sin dinero".

SUBIDA DE IMPUESTOS

En cuanto a la decisión de aumentar los impuestos del tabaco y los alcoholes para financiar el crédito extraordinario, opinó que "se suben los impuestos a todos los españoles por unas medidas toadas para beneficiar a unos pocos", en referencia a la modificación de la tributación de las plusvalías.

Asimismo, juzgó como un "error" el plazo transcurrido entre el anuncio de la subida de impuestos y la aplicación de esta medida. Indicó que las consecuencias han sido la caída en la cotización de Tabacalera y la subida de los tipos de interés en la deuda a 10 años, por lo que "ya ha habido un coste al país de 120.000 millones de pesetas".

El portavoz socialista aseguró que las cifras de ineficencias presupuestarias dadas por el Gobierno el pasado 26 de julio "son falsas", puesto que la inmensa mayoría de los 721.000 millones de pesetas descubiertos son jusfificables. "De déficit oculto, nada", afirmó.

Solbes fue desgranando caso por caso los capítulos donde el Gobierno mantiene que hay "agujero" y llegó a la conclusión de que la única cifra que realmente se puede someter a discusión son 82.542 millones de pesetas, por lo que dijo que "estamos armando una tempestad en un vaso de agua".

Asimismo, el antiguo titular de Economía pidió los documentos de la Intervención General de la Administración del Estado en los que el Ejecutivo dice que se basa para tomar su decisión de aprobar un crédito extraordinario.