En el auto, la sala estima los recursos presentados por la sociedad contra la decisión adoptada por el magistrado el pasado 18 de marzo de prorrogar el secreto que un mes antes había decretado sobre las actuaciones.

Dico secreto fue revocado por la Sala de lo Penal el pasado 13 de mayo a través de un auto por el que ordenó al juez levantar el sigilo sobre las actuaciones, al considerar esa medida "irrazonable, innecesaria, desproporcionada e inadecuada".

Por ello, en su resolución de hoy, el tribunal señala que "son aplicables al auto de prórroga los mismos efectos" que al auto por el que el juez declaró secretas las diligencias "y, en consecuencia, si la declaración de secreto de las actuaciones no estaba objetivamnte justificada, tampoco lo está la prórroga acordada".

Así, indica que deben por ello estimarse los recursos de queja presentados contra dicha prórroga, aunque matiza que "la estimación tiene sólo un efecto testimonial y no práctico", ya que los recursos contra la prórroga han quedado sin contenido al levantar el instructor el secreto de las actuaciones en cumplimiento del auto dictado por la sala el pasado 13 de mayo.

La resolución del tribunal levantando el secreto de las diligencias motivó qu el juez consultase a las acusaciones si debía actuar contra los magistrados de la sala por los términos empleados en el auto. Sin embargo, y tras señalar el fiscal que no había motivo para emprender acciones contra la sala, el juez acordó no realizar ninguna actuación al respecto.

No obstante, días después de que el tribunal le ordenara alzar el secreto, Gómez de Liaño acordó declarar secreta una pieza de las actuaciones en la que se recogen las investigaciones que está realizando sobre la sociedad l Brigada de Delincuencia Económica y Financiera de la Unidad Central de la Policía Judicial.

El magistrado adoptó esta decisión después de que los funcionarios policiales le informaran que el levantamiento del secreto permitiría conocer a las partes sus investigaciones, lo que a su juicio "puede hacerlas ineficaces".

Por otra parte, Gómez de Liaño continúa sin resolver si adopta alguna medida cautelar contra Jesús de Polanco, presidente de Sogecable, a pesar de que fuentes judiciales indicaron qu podría pronunciarse hoy al respecto.

El magistrado, que no acudió hoy a su despacho de la Audiencia Nacional, podría dictar mañana un auto sobre esta cuestión, después de que el fiscal jefe, Eduardo Fungairiño, le aclarase la posición del ministerio público respecto a las medidas a adoptar contra Polanco. El fiscal se opone a medidas de carácter personal, aunque deja libertad al juez para acordar medidas de otro tipo.