El ex banquero establece paralelismos entre las actuaciones judiciales llevadas a cabo por el Juez Javier Gómez de Liaño sobre directivos de Sogecable, con las ordenadas en su día por el Juz Manuel García Castellón sobre su persona y otros directivos de Banesto, y dice que pese a ser idénticas nadie, en su día, criticó esas actuaciones.

Así el banquero recuerda que García Castellón ordenó, primero el secreto del sumario y luego la retirada de su pasaporte y la prohibición de salir fuera de España, y se lamenta de que nadie se quejara entonces de dichas actuaciones desde las instancias judiciales y periodísticas que en el caso Sogecable las han reprobado.

La declaración integra de Cnde dice textualmente:

"Ante las transparentes insinuaciones del diario El País, aireadas en las ondas de la Cadena SER, buscando "coincidencias" en los pasos previos y desarrollo ulterior del proceso penal seguido contra directivos de la empresa Sogecable, de los que "deducir", una vez más que todo es debido a una "conspiración" organizada por Mario Conde, quisiera precisar lo siguiente:

1. La letra y música de este nuevo episodio me resultan conocidas. Tuve ocasión de comprobar como, a raiz deldesarrollo judicial del caso GAL, se intentó "justificar" el avance procesal de las investigaciones sobre secuestros y asesinatos en base a una conspiración que -no podía ser de otra manera- fue diseñada por mí, en una mezcla llamativa de dos instintos: el de la perversidad, que se supone como a priori, y el de supervivencia, para conseguir por tan peculiar método solventar mis problemas penales.

Ignoraba entonces y sigo ignorando hoy cómo contribuiría a mejorar mi situación procesal el hecho, por ejeplo, de que los papeles del CESID demostraran que Narciso Serra tuvo inevitablemente que conocer y aprobar la estrategia de los GAL. Tal vez personas cercanas al grupo Prisa tengan mayores conocimientos sobre el asunto.

2. No tengo absolutamente nada que ver con el caso Sogecable. No he hablado con el periodista Jesús Cacho al menos desde 1994. D. Rafael Pérez Escolar no es mi abogado. D. Gerardo Ortega no tiene relación alguna personal o de negocios conmigo. En algún momento, a la vista de las informciones aparecidas en prensa, una vez admitida la querella criminal por los presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad, pensé en que, como abonado de Canal Plus, podría ser obligado personarme en las diligencias.

No lo hice, entre otras razones, porque tal vez alguien, en su instinto de defensa, utilizaría mi personación a través del mecanismo mencionado 'ad nauseam' en El País: mi abogado era Mariano Gómez de Liaño, hermano del juez que instruye la querella. De esta forma se podría petender la recusación o abstención del magistrado. Con ello afectaría a la investigación en curso. A la vista de la nueva teoría de la conspiración que formula El País, ese inconveniente parece que ya no existe.

3.El 15 de Noviembre de 1994, el juez Garcia Castellón dictó un auto por el que admitía una querella contra algunos de los antiguos administradores de Banesto. Sin más támite nos privó de nuestro pasaporte y nos impidió salir de España. No nos comunicó el texto de la querella y tardó, en mi cao, más de un mes en llamarme a declarar.

Ningún artículo de El País criticó la medida como arbitraria. Mas bien todo lo contrario. Ese mismo día se declaró el secreto de las actuaciones y muchas diligencias procesales se llevaron a cabo en tal situación, que duró hasta abril 1995. Ningún artículo de El País criticó la medida. mas bien todo lo contrario. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional refrendó ambas medidas por considerarlas ajustadas a derecho.

La actuación deljuez García Castellón fue alabada sin recato desde las páginas de El País. Jamás ningún columnista la calificó de arbitraria, injusta, desproporcionada, desmedida o adjetivos calificativos de similar porte semántico. Al contrario, se la consideró como 'modelo' de una eficaz, correcta, impecable, ordenada, ajustada a Derecho, instrucción judicial.

4. El 20 de Diciembre de 1994, el juez García Castellón, delante del entonces mi abogado, González Cuellar, hoy defensor del Grupo Prisa, y del Fiscal Florntino Ortí, hoy miembro del despacho Garrigues, defensor de otro de los acusados en el caso Sogecable, me comunicó que, ante mis declaraciones, pensaba que lo mejor era interrumpirlas y continuarlas el próximo enero de 1995.

Esa misma tarde alguien decidió que "eso no podía ser" y se adoptó una decisión: forzar al magistrado para que decretara mi entrada en prisión. El método elegido fue la publicación íntegra de una querella criminal sometida al secreto judicial. No creo que a nadie le extrañe que elperiódico que publicó la querella fue, precisamente El País, en exclusiva nacional, el día 21 de diciembre de 1994.

Al día siguiente, el juez, en presencia del fiscal y del hoy abogado defensor del Grupo Prisa me dijo que a la vista de que El País' había publicado en prensa la querella, dejaba sin efecto su decisión del día anterior. El 23 de diciembre de 1994, el juez García Castellón ordenaba mi ingreso en Alcalá Meco. Posiblemente ninguno de los dos máximos responsables de Prisa tengan que sufrir ago parecido los próximos días 19 y 20 del mes de mayo de 1997.

5. El 12 de enero de 1995, denunciamos estos hechos ante el juez García Castellón. Firmó la denuncia el letrado González Cuéllar, hoy defensor del Grupo Prisa. Hasta hoy, ni el juez, ni el fiscal, ni la Sección Segunda, ni el presidente de la Audiencia, ni el Excmo. Sr. Siro García, ni el Excmo. Sr. Jorge Campos Martínez, ni el Excmo. Sr. José-Ricardo de Prada, miembros de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional,hicieron lo más mínimo ante un hecho que, según los juristas, es flagrante delito.

6. Ignoro si existe o no actuación delictiva en la empresa Sogecable. Lo que constato es una nueva versión de la vieja teoría conspirativa. No deseo mal a nadie, ni siquiera a quienes han empeñado una enorme parte de su esfuerzo y energías en provocármelo a mí, al servicio de intereses susceptibles de expresarse en dígitos. En todo caso, parece que alguien lo que desea es que la Justicia no actúe, o mejor dicho, que no ctúe con ellos y que se concentre con otros. Una manera muy singular de interpretar el principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley.

'El País' defendió que en España no es delito el que con fondos reservados el Gobierno pague a una agencia extanjera para que espíe la vida privada de un ciudadano: Defendió la licitud del informe Crillón, encargado, financiado, pagado, manejado y utilizado contra mí por el entonces vicepresidente Narciso Serra. Ni siquiera Felipe González, cuando comenté conél el asunto en el mes de junio de 1994, llegó tan lejos.

¿Que diría 'El País' si el espiado por tan singular procedimiento fuera alguno de los directivos de Sogecable? ¿Y qué grito editorial enarbolaría si fuera, precisamente, su presidente Jesús Polanco? ¿Gritaría por el fuero o por el huevo, como dice el refrán castellano? ¿Por la supuesta arbitrariedad jurídica o por el resultado de las investigaciones?. Ya que según 'El País' no es delito, ¿aceptarían públicamente el Sr. Cebrián y el Sr. Polanco ometerse a una investigación como la que se encargó sobre mí? ¿Aceptarían que un diario nacional publicara, como ellos lo hicieron, el resultado de tales investigaciones?

Nosotros hemos mantenido silencio informativo a pesar de sufrir muchas arbitrariedades. Tal vez sea porque a nosostros nos interesa que se sepa la verdad", concluye el comunicado de Mario Conde.