El magistrado considera que Gordillo, durante su aleato oral en defensa de la posición del ministerio fiscal en la última vista del "caso Sogecable", incurrió en "una manifiesta infracción de las más elementales normas de funcionamiento del proceso", por lo que pide que se actúe jurídicamente contra él.

De Prada Solaesa estima que no es suficiente sólo con el varapalo que la decisión de la Sala infligir al fiscal, sino que sus palabras "son merecedoras de valoración jurídica, y en consecuencia de un pronunciamiento del Tribunal, considerándolas incursa en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)".

Esta Ley establece que "en todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de buena fe (...). Se rechazarán las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal".

SEGUNDA OPORTUNIDAD

El magistrado considera que Ignacio Gordillo, con su alegato en favor de que el "caso Sogecable" pasara a la justicia ordinaria, buscab "a toda costa un especie de segunda oportunidad a sus pretensiones acusatorias" y señala que la actuación del fiscal "se aparta abiertamente de la función y papel que asigna la Constitución al Ministerio Público".

José Ricardo de Prada Solaesa tiene "serias dudas" de que las afirmaciones de Gordillo se identifiquen con las posiciones del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, e incluso del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño.

Finalmente, el magistrado califica de "expresvas" y dice que "no merecen mayor comentario" las alusiones realizadas por Gordillo durante la vista en la que participó y en la que relató que el "caso Sogecable" llevaba varios meses parados y únicamente se había procedido a tomar declaración a Liaño, en el Supremo, por su supuesta prevaricación en la instrucción de este sumario.