Fuentes cercanas a la Fiscalía informaron hoy a Servimedia de que el fiscal José Marí Luzón, que ya se había manifestado en dos ocasiones contrario a que el Tribunal Supremo aceptara a trámite las querellas presentadas contra Liaño en el "caso Sogecable", mantiene su posición y apoya el archivo de esta causa.

En contra de la solicitud del fiscal, la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidió el pasado 19 de febrero investigar si este juez prevaricó en la instrucción del citado proceso, a raiz de las querellas presentadas por el presidente del Grupo Prisa, Jesús de Polanco; el consejerodelegado del mismo grupo, Juan Luis Cebrián, y otros directivos.

El fiscal siempre se mostró contrario a aceptar a trámite estas querellas, si bien su petición fue desatentida por la sala, que decidió abrir la investigación contra Liaño. Además, concedió al magistrado el derecho de recurrir, lo que éste hizo el pasado 2 de marzo en un escrito de 21 folios.

DUDA DEL FISCAL

La única duda del fiscal del Supremo se centra en cuestiones procesales que no parecen afectar al fondo de la cuestión, que s su decisión de apoyar el archivo de la investigación abierta contra Liaño.

El fiscal cree que, una vez que la Sala del Supremo ha decidido abrir la investigación contra el magistrado, no cabe la interposición de recurso alguno por parte de éste.

No obstante, la sala, en su auto de implicación al magistrado, decició concederle este derecho y comunicó al juez que "esta resolución no es firme y cabe contra ella recurso de súplica ante la propia sala", lo que el juez aprovechó para presentar sus algaciones en el plazo fijado por el Alto Tribunal.

De hecho, Liaño aprovechó su escrito de defensa para reiterar que todas sus decisiones en el "caso Sogecable" habían sido "correctamente motivadas" y además "respaldadas en todas las ocasiones por el fiscal de la Audiencia Nacional", lo que para el magistrado supone que estaban apoyadas por el propio fiscal general del Estado.

Gómez de Liaño concluye su alegato diciendo que si él cometió delito de prevaricación, también lo habrían hecho el fiscal efe de la Audiencia Nacional, el fiscal general y el juez Ismael Moreno, quien mantuvo alguna de las decisiones tomadas por el primero, como la imposición de una fianza de 200 millones a Jesús de Polanco, entre otras.