En la última reunión del pleno, y tras una fuerte polémica, los vocales decidieron pedir a la Comisión Disciplinaria del CGPJ que ampliara la información sobre las supuestas actuaciones delictivas del juez instructor del caso, ya que las que llegaron al pleno fueron consideradas "insuficientes" para la valoración efinitiva.

En cumplimiento de la decisión del pleno, la Comisión Disciplinaria pidió al nuevo juez del caso, Ismael Moreno, que remitiera al CGPJ toda la información relativa a algunas actuaciones de Liaño en su instrucción del caso.

El presunto delito de prevaricación (dictar resolución injusta a sabiendas) se refiere al momento sumarial en el que Liaño, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ordenara levantar el secreto de sumario del "caso Sogecable", volvió a decretar l secreto para parte de él, impidiendo a los abogados el acceso a la información contenida en la instrucción.

Si el CGPJ considera que Liaño prevaricó, el caso se trasladaría al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, para que continúe con las investigaciones, ya que el máximo órgano de los jueces consideraría que existe delito.

Además, Liaño podría ser sancionado con la inhabilitación para el desarrollo de cargo público de entre 12 y 24 meses, que es lo que establece, como mínimo, el Código Pnal para este tipo de delitos cometidos por los jueces.