Castellano reiteró en los pasillos del Congreso que las diligencias abiertas en este caso eran "un ridículo asunto de chismosos que se besan, se abrazan y se pegan cada mañana sin tener ningún sentido de la seriedad".

A su juicio, "el disparate" comenzó con la recusación de Gómez de Liaño y el auto de inhibición dictado después por Baltasar Garzón. "Luego, para colmo", contiuó, "se envían las actuaciones al fiscal general y éste las lleva al Tribunal Supremo".

Con la decisión tomada por el magistrado Joaquín Delgado, concluyó Castellano, "ha quedado bien todo lo que era un rosario de disparates".