SOGECABLE. EL FISCAL PIDE A GOMEZ DE LIAÑO QUE MANTENGA SECRETAS LAS INVESTIGACIONES DELA POLICIA JUDICIAL
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El fiscal del caso Sogecable, Ignacio Gordillo, remitió ayer un escrito al juez Javier Gómez de Liaño en el que le solicita que mantenga secreta la parte del sumario referida a las investigaciones que realiza la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Judicial, dado que ha sido esta misma brigada la que lo pidió.
En su escrto, el fiscal recuerda que la policía judicial interesó a Gómez de Liaño el pasado 14 de mayo que declarase secreta esa pieza de las diligencias "al estimar que de ser conocido por todas las partes el contenido de la investigación que llevan a cabo en la pieza separada impedirá a los peritos designados por el juzgado realizar con eficacia dicha investigación".
Los funcionarios hicieron esta petición al juez después de que éste les consultase si la decisión adoptada el día anterior por la sección seguna de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de alzar el secreto sobre todas las actuaciones podía perjudicar las investigaciones.
Esta consulta a la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Judicial así como otra providencia por la que el juez preguntó al fiscal y a las acusaciones si debía actuar contra la sala provocó que el Consejo General del Poder Judicial acordase iniciar una investigación para averiguar si Gómez de Liaño conculcó principios constitucionales con esas reoluciones.
Además, Gordillo precisa en su informe, requerido por el juez para resolver el recurso de Sogecable contra el secreto, que esa parte del sumario hace referencia a "hechos nuevos y siempre posteriores" al auto dictado por la Sala de lo Penal.
Por otra parte, el fiscal también informó ayer a favor de mantener las medidas cautelares acordadas el pasado día 8 por el juez contra los consejeros de Sogecable Carlos March y Leopoldo Rodés a quienes, tras tomarles declaración como imputados, imuso la obligación de comparecer periódicamente en la Audiencia Nacional y la prohibición de abandonar España sin su autorización, aunque no les retiró el pasaporte.
En su escrito, el fiscal recuerda que fue precisamente el ministerio fiscal y las partes acusadoras las que pidieron esas medidas "por estimar que las mismas se ajustan a derecho y son acordes con los hechos que se investigan y con las posibles responsabilidades penales de los querellados, teniendo como finalidad asegurar en todo momento l presencia judicial de dichos encausados".
(SERVIMEDIA)
23 Mayo 1997
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