Todos los socios de Pedro Sánchez rechazarán la proposición no de ley, que solo será secundada por el PP y, posiblemente, Vox y UPN. La iniciativa se registró el pasado mes de mayo, pero la oposición la elevó al Pleno esta semana después de que el Supremo imputara definitivamente a García Ortiz.

El PP considera que este paso de los tribunales es suficiente para que el Gobierno aplique el artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y promueva el cese de García Ortiz “por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones”. Así lo defendió Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del PP en el Congreso, quien achacó las filtraciones de los datos del novio de Ayuso a la voluntad del Gobierno de “perseguirla”.

“¿Vale todo para destruir a un rival político? ¿Hasta dónde llegarían cada uno de ustedes para conseguirlo? ¿Vulnerarían la ley? ¿Vulnerarían el prestigio de las instituciones? ¿Y el de sus subordinados? En una democracia plena hay límites que nadie puede sobrepasar”, arrancó Álvarez de Toledo, quien afirmó que la presunción de inocencia del fiscal general está tan “intacta” como la del exministro José Luis Ábalos, presuntamente implicado en la trama corrupta del ‘caso Koldo’, o Íñigo Errejón, el “inquisidor incinerado” tras conocerse sus presuntos casos de acoso y abuso sexual.

El PP circunscribió así la actuación de García Ortiz a la “espiral totalitaria” del Gobierno de Pedro Sánchez y avisó de que “nadie está a salvo” ante este “turbio aviso” del fiscal general, al que advirtió de que tiene “la obligación moral, institucional y penal de entregar todos los correos que envió desde su cuenta de privada” entre el 5 y el 18 de marzo.

Los argumentos de Álvarez de Toledo, sin embargo, no persuadieron a los socios del Gobierno. Solo Vox expresó su voluntad de apoyar la iniciativa –UPN no intervino–, aunque pidió incluir una enmienda para instar también al Gobierno a que “adopte las medidas necesarias para garantizar la idoneidad, competencia profesional e independencia” del sustituto de García Ortiz.

ACUSACIONES DE ‘LAWFARE’

El diputado Paco Aranda entonó la réplica del PSOE y dijo que la iniciativa del PP demuestra que Génova cree que España “es su finca, su cortijo y que el poder le pertenece por cuna”, siendo así “el principal obstáculo” para lograr “la normalidad institucional de nuestro país”. Así las cosas, censuró la “colección de bulos y difamaciones” que ha utilizado la oposición para “deshumanizar” a García Ortiz. “Una estrategia que tiene un nombre, pero yo les dejo que le pongan el nombre que tienen todos en mente”, concluyó.

Y así lo hicieron Sumar, Junts y PNV, que hablaron o dejaron caer que se trataba de “lawfare”. Gerardo Pisarello, diputado de la formación dirigida por la vicepresidenta Yolanda Díaz, defendió que este “ataque del PP” al fiscal general demuestra su “persistencia obscena” para “dinamitar por cualquier medio toda institución que no controle y no pueda poner a su servicio para la destrucción del adversario u ocultar su corrupción”. Y aseveró que, “si alguien tiene que dimitir, es una presidenta inescrupulosa que, igual que dejó morir a 7.291 ancianos, está dispuesta a todo para mantenerse en el poder”.

Por parte de Junts, el parlamentario Josep Pagés arrancó su intervención sentenciado sin tapujos que se trata de un caso de “lawfare” y exigiendo al Gobierno socialista que reconozca que hay “más víctimas” de “juicios sin garantías y sentencias injustas”, por ejemplo, en el juicio del ‘procés’, según su criterio. Al mismo tiempo, pidió reprobar a los fiscales que participaron en este juicio.

El PNV adoptó un discurso similar en el fondo y su diputado Mikel Legarda confirmó su voto en contra porque considera que el auto del Tribunal Supremo no tiene aún “la suficiente densidad” como para encausar al fiscal general del Estado, dado que entre los “potenciales filtradores” hay “más de una docena de funcionarios públicos”. Además, cree que los señalamientos a García Ortiz solo pretenden que vaya “p'alante”, como afirma el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Por último, la diputada de Podemos Noemí Santana criticó que el PP haya tardado cinco meses en elevar su iniciativa al Pleno y recriminó a la bancada de los populares las operaciones de la policía patriótica durante el Gobierno de Mariano Rajoy, la elaboración del informe PISA sobre Pablo Iglesias o las palabras de Ignacio Cosidó cuando afirmó en 2018 que controlarían el Supremo “por la puerta de atrás” con Manuel Marchena. Anunció así su voto en contra a “la operación salvar a la soldada Ayuso”.