Según Seo/Birdlife, las obras en curso en el Istmo de Jandía, en Fuerteventura, declarado parque natural, para construir un parque eólico de 10 megavatios perjudican gravemente el entorno, donde habita una nutrida población de hubara canaria, pequeña avutarda exclusiva de estas islas.

La organización internacional, junto on la Asociación Canaria para la Defensa de la Naturaleza (Ascan), han iniciado los trámites legales que consideran necesarios para detener la intalación de nuevos aerogeneradores en el interior de la ZEPA y el parque natural, ya que insisten en que existen emplazamientos alternativos en los que este tipo de instalaciones, que consideran positivas, no provocarían un impacto ambiental.

Los conservacionistas han interpuesto querella criminal contra los responsables de la construcción (Consorcio de Abastcimiento de Aguas de Fuerteventura, Aerogeneradores Canarios S.A. y el Ayuntamiento de Pájara), con el objetivo de detener las obras hasta que quede resuelto el expediente.

EMBALSE DE ITOIZ

La Sociedad Española de Ornitología también ha denunciado la amenaza que para las Sierras de Artxuba y Zariqueta, en Navarra, supone el proyecto de construcción del embalse de Itoiz.

Ese área fue declarada Zepa en diciembre de 1990, con una superficie de 3.804 hectáreas, en las que predomina el buitre leonad y el quebrantahuesos.

Seo/Birdlife ha denunciado que el agua del futuro embalse ocupará una parte de la zona protegida y ha acusado al Gobierno navarro de intentar reducir los límites de la Zepa para evitar la cota de inundación del embalse.

Los ecologistas mantienen que esa reducción provocaría un recorte de unas 1.500 hectáreas de superficie protegida, es decir, aproximadamente un 39 por ciento de la actual Zona de Especial Protección para las Aves.

El embalse de Itoiz afectaría a poblacines de buitre leonado, quebrantahuesos, alimoche, águila real, halcón común y buho real, y comprometería seriamente el futuro de la única población viable de nutria de Navarra.

Además, aseguran que hay 50 áreas clasificadas como Zepa que resultarian afectadas por las infraestructuras previstas en el polémico Plan Hidrológico Nacional.

Según los datos de esta organización internacional, sólo el 23 por ciento de los 10.500.000 hectáras que consideran debían estar clasificadas como Zepa en nuestro pís, están protegidas con esta figura de protección.