Este rechazo socialista al decretoley fue anunciado en rueda de prensa, tras la reunión mantenida hoy en la sede del PSOE entre el secretario de Relaciones Políticas e Institucionales, José María Benegas, responsables territoriales de esta Secretaría, alcaldes socialistas y la portavoz de infraestructuras del Grupo Socialista, Cristina Narbona.

Benegas anunció que han cursado instrucciones a los grupos socialistas en todos los ayuntamientos para que planteen mociones contra este decreto-ley de liberalizacion del suelo.

Narbona asguró, por su parte, que con este decreto "vamos al encarecimiento del precio de la vivienda", porque reduce en un 33% la cesión a los ayuntamientos de suelo (por parte de los propietarios cuando desean desarrollar un suelo urbanizable), que es el soporte idóneo para poder hacer viviendas de bajo precio.

Aseguró que aproximadamente la tercera parte de las casi 600.000 viviendas financiadas con el plan 1992-1995 se han construido en suelo de titularidad municipal.

También señaló que eliminar la disinción entre suelo urbanizable programado y suelo urbanizable no programado, no aumenta el suelo disponible sino que "cambia el valor legal de este suelo" y lo multiplica por diez.

Benegas, tras señalar que el actual Ejecutivo "es un Gobierno de derecha muy conservadora, al que los criterios de solidaridad y de igualdad de oportunidades no le interesan para nada", dijo que los populares se han permitido hacer el citado decreto ley porque "no creen en el plan de viviendas, ni en las viviendas de proteción oficial, porque no afectan a su clientela".

En opinión de Benegas, los alcaldes del PP "tienen que estar escandalizados, otra cosa es que les impongan disciplina de partido".

Narbona llegó a asegurar que este es un decreto "franquista" en su contenido y en la forma en que ha sido aprobado por el nuevo Gobierno. "Es franquista", dijo, "porque reproduce otra vez los términos de la legislación urbanística anterior a la aprobación de la Constitución y en la medida en que ha sido aprobado sin consltar a quienes tienen competencias en esta materia".

FINANCIACION AUTONOMICA

Por otra parte, Benegas puso también de manifiesto las contradicciones entre los miembros del Gobierno y los representantes de CiU sobre el coste del nuevo sistema de financiación autonómica, el año base para el cálculo y la existencia o no de topes.

Asimismo resaltó la inexistencia de un calendario, cuando la complejidad del sistema implica la modificación de la LOFCA y de la Ley del IRPF, la puesta en marcha de comisones de transferencias y la elaboración de una ley en cada Parlamento autonómico. De lo que dedujo que "va a ser imposible" que el nuevo modelo pueda entrar en funcionamiento en el 97.

El dirigente socialista afirmó que el pacto PP-CiU sobre puertos "es una barbaridad" en lo que se refiere a la libertad de tarifa y pronosticó que algunos puertos "van a tener una difícil supervivencia".