En la resolución judicial, la magistrada señala que la querella de Jiménez se apoya tan solo en diferencias políticas y añade que el denunciante basa sus argumentos en las denuncias públicas del PP y en documentos periodístcos que, por sí mismos, no garantizan la existencia de hechos susceptibles de ser calificados como infracción penal.

Asimismo, según el comunicado, la jueza subraya que los hechos denunciados por el empresario se circunscriben al marco político y que debe ser en este ámbito donde se investiguen, tal y como hace actualmente la Comisión de Investigación creada a tal efecto en la Asamblea de Madrid.

El empresario Christian Jiménez acusaba al consejero de Cooperación de los presuntos delitos de malvesación de fondos públicos, prevaricación y cohecho, y falsedad en documento público.