Los secretarios de Acción Sindical e CCOO y UGT, Fernando Puig-Samper y Toni Ferrer, reclamarán al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que inicie "una negociación verdadera" para desvincular el salario mínimo de la concesión de becas, viviendas de protección oficial y determinadas ayudas o subsidios.

Los sindicatos recordarán al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, que cuando llegó al cargo prometió estudiar la posibilidad de desvincular el SMI de esas políticas y se ofreció a iniciar una negociación a tal efeco con los sindicatos en septiembre.

Según las centrales, la repercusión laboral de la modificación del SMI, que cobran alrededor de medio millón de personas, es muy pequeña, frente a los efectos más importantes que tendría sobre otras partes del Presupuesto del Estado si no se separa de las citadas cuestiones de becas y viviendas.

Por ello, Comisiones Obreras y UGT reclamarán al Gobierno que referencie el SMI "a lo estrictamente laboral" y "se invente un módulo, o una renta mínima" a la que refernciar el resto de políticas.

El salario mínimo ha subido en los últimos años un 2%, en línea con la previsión de inflación marcada por el Gobierno. Desde 1996 ha perdido respecto al salario medio seis puntos de poder adquisitivo.

A LA COLA DE LA UE

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España (442,20 euros) es el tercero más bajo de Europa, sólo por encima del existente en Grecia y Portugal, según datos de la Comisión Europea.

El salario mínimo español es superior en 43 euros al grieo y en 110 al de Portugal. Sin embargo, si se atiende al inmediatamente superior, Irlanda, la distancia asciende a 493 euros.

De este modo, el salario mínimo español es un 96% inferior al irlandés, un 118% inferior al del Reino Unido (1.124 euros) y al de Francia (1.126 euros), un 125% menor que el belga (1.163 euros), un 134% inferior al holandés (1.207 euros) y un 150% menor que el de Luxemburgo, país de la UE con un SMI más alto, 1.290 euros.

Además, el salario mínimo español supone apenas un 0% del salario medio, muy inferior al recomendado por la Carta Social Europea ratificada por España, que habla del 60%.