Lo dijo en declaraciones a los periodistas junto a la presidenta del Consejo de la Juventud de España (CJE), Andrea González Henry, antes de reunirse con representantes de este organismo y de Oxfam para abordar las conclusiones del ‘Informe equilibristas sobre salud mental y juventud’.

La titular de Juventud e Infancia comentó que el antedicho informe “sitúa las causas estructurales de la salud mental” al señalar que el 55% de los jóvenes con problemas socioeconómicos sufren problemas de salud mental”.

En ese sentido, indicó que la juventud está atravesada por una cuestión “de clase” en lo concerniente a la salud mental y dejó claro que el “código postal es determinante” en esta cuestión.

A su juicio, resulta necesario “ir a las causas que provocan este problema de salud mental” que afecta a los jóvenes, entre las que situó “la vivienda, el empleo, la crisis ecosocial y los salarios” que perciben.

Ante esta situación, avanzó que el Ministerio de Juventud e Infancia se ha comprometido ha impulsar, en el marco de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) la posibilidad de que el IMV “sea extendido” a las personas con una edad comprendida entre 18 y 30 años.

De este modo, su departamento recoge el guante lanzado por el Consejo de la Juventud de España para que se amplíe la edad que da derecho a percibir el Ingreso Mínimo Vital desde los 23 años actuales hasta los 18 y para que se equiparen los requisitos de acceso a esta prestación de los menores de 30 años y los de los mayores de 30.

Sira Rego consideró que su planteamiento forma parte de un mecanismo que podría “operar de manera positiva” para “mitigar en cierta medida” los problemas socioeconómicos que afectan a los jóvenes españoles y que redundan en su salud mental.

Preguntada por si ha compartido esta propuesta con el Ministerio de Inclusión, comentó que dialogará y se coordinará con todos los gabinetes ministeriales concernidos, en el marco de las negociaciones de los PGE, para que su propuesta vea la luz.

Por su parte, Andrea González Henry afirmó que “los problemas de salud mental son también problemas sociales” y comentó la necesidad de que el Gobierno “asegure una vivienda digna”, “garantice un trabajo” en condiciones y “mitigue la crisis climática”.