Lo dijo en un coloquio organizado por el Club Siglo XXI en Madrid en el que la ministra se refirió a esta cuestión después de que la semana pasada concluyera sin acuerdo la reunión entre el Gobierno, el PP y el Ejecutivo de Canarias para desencallar la reforma de la política migratoria.

En su intervención, Sira Rego llamó a ir “más allá de estas cuatro letras”, en referencia a ‘mena’, para tener presentes las “decepciones, esperanzas y proyectos de miles menores que no podemos ignorar”.

En ese sentido, afirmó que el respeto a los derechos humanos “no es un adorno retórico que sirve de bálsamo para la conciencia”, sino que representa “una definición de una sociedad libre y democrática”.

La titular de Juventud e Infancia acusó al PP de sostener “posiciones de máximos” y de ampliar sus exigencias a medida que avanza la negociación para tratar de desbloquear la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería con el fin de establecer un reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. A pesar de ello, mostró su confianza en que “haya algún tipo de avance” que permita desencallar estas negociaciones.

Tras recordar que “acordar significar renunciar”, deslizó que “el PP de momento ha tomado partido al abrazar las posiciones de Vox” después de que este partido haya decidido suspender las negociaciones presupuestarias con los populares en las comunidades autónomas en las que su voto es decisivo luego de que los populares se hayan avenido a retomar los contactos con el Gobierno para reformar la Ley de Extranjería.

A su juicio, en las posiciones del PP hay “elementos razonables para negociar y otros se escapan de las posibilidades del Gobierno”.

ENTORNO DIGITAL

Sira Rego también se pronunció sobre el informe encargado por su departamento a un comité de 50 expertos para proteger a los menores en el entorno digital. Entre las conclusiones de este trabajo se encuentran no exponer a los chavales hasta tres años a los dispositivos digitales, desaconsejar su uso hasta los seis años y limitar su uso hasta los doce años, y tener presente el impacto de estos aparatos en la salud mental de los niños.

Sobre este particular, atestiguó que este informe ofrece una “hoja de ruta” a partir de la cual “garantizar un espacio digital” seguro para los chavales y comentó que aquél “no sólo ofrece medidas concretas, sino un mensaje claro: regular para garantizar un futuro común y un pacto social que trascienda del marco normativo”.

Luego de celebrar que se haya dado “un paso clave” para auspiciar “un entorno digital que no se parezca a la ley de la selva”, aseveró que “por primera vez la infancia y la adolescencia tendrá un marco normativo que reconocerá sus derechos en el entorno digital”.

En ese sentido, la titular de Juventud e Infancia dejó claro que no se puede dejar a las compañías tecnológicas que se autorregulen, puesto que ello “no funciona” y no se ha realizado en otros sectores, lo que le sirvió para ratificar que “no se puede correr el riesgo de que los beneficios de una empresa se hagan a costa de la sobrexposición de los menores”.

Reseñó que “la industria en muchas ocasiones no opera en nuestro país”, lo que obliga a mantener canales de interlocución con ella, sin perder de vista la capacidad de “presionar desde la agregación de países” a la defensa de la protección de la infancia en el entorno digital.

Sira Rego subrayó que el entorno digital “está sin regular y no tiene dispositivos de control democrático ni de control público” y puntualizó que “el Gobierno no va a entrar en la vida privada de una familia”, a cuyos miembros abogó por formar en competencias digitales, un hito que consideró necesario para el conjunto de la sociedad.

SÍNDROME ALIENACIÓN PARENTAL

Por su parte, la ministra arguyó que su departamento abrió hoy la consulta previa sobre la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), una modificación con la que su departamento pretende prohibir el Síndrome de Alienación Parental (SAP).

Sira Rego apuntó que este concepto “está ampliamente desacreditado por la comunidad científica” y se ha utilizado para “revictimizar a mujeres y menores” y lamentó que la “falta de una prohibición explícita deja márgenes para una interpretación que se aplique en ciertos contextos judiciales”.

Tras reiterar su apoyo a adelantar el derecho al voto a los 16 años, apostó por erradicar la pobreza infantil, lo que pasaría, como primer paso, por pasar del 1,5% del PIB actual en inversión en políticas públicas al 2,4%.

Por último, comentó que la Ley de Juventud nace con la pretensión de hacer efectivo el cumplimiento del artículo 48 de la Constitución, que establece que “los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”.