En declaraciones a Servimedia, el presidente del antiguo comté intercentros de Sintel, Adolfo Jiménez, aseguró que "no existe ningún plazo. Los trabajadores ya sabemos leer y también sabemos a lo que se comprometieron (el Gobierno y Telefónica)".

Según los acuerdos del mes de agosto entre los sindicatos, el Ejecutivo y Telefónica, la compañía se comprometía a ofrecer en un plazo de seis meses unas 650 ofertas de empleo a los trabajadores, mientras que el Gobierno asumía el compromiso de impulsar un plan social, prejubilar a unos 500 empleados (con un coste par la Seguridad Social de unos 15.000 millones de pesetas) y apoyar cualquier posibilidad de continuidad de Sintel.

Pese al interés de la empresa rusa Televik en comprar Sintel -con la garantía de tener carga de trabajo procedente de Telefónica-, el Gobierno rechaza esta opción, según confirmaron fuentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Además, advirtieron a los trabajadores de que "o aceptan las ofertas de Telefónica o perderán el derecho a las prejubilaciones".

Para Adolfo Jiménez, abas cuestiones son distintas y, por un lado, está la situación de los 500 prejubilados, que a mediados de diciembre firmaron ya sus pólizas, y por otro la de los 1.200 trabajadores restantes.

Los miembros del comité de empresa prefieren seguir negociando con Televik, mientras exista la posibilidad de llegar a un acuerdo, ya que conllevaría una solución para los 1.200 trabajadores, "mientras que la solución del Gobierno y Telefónica deja fuera a 600".

Jiménez pidió al Gobierno que "si tiene dudas azonables sobre Televik, si sabe que no es una empresa fiable, que diga lo que sabe", aunque advirtió de que el Ejecutivo "lo tiene difícil" porque se trata de una empresa "muy solvente".

El antiguo presidente del comité de empresa de Sintel criticó el papel que están jugando Telefónica y el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, "que parece que es un ejecutivo de Telefónica".

Jiménez anunció que en los primeros meses de 2002 presentarán en la Audiencia Nacional una querell criminal contra el actual presidente de Telefónica, César Alierta, y contra el máximo ejecutivo de la compañía en el momento de su privatización, Cándido Velázquez, bajo cuyo mandato Telefónica se desprendió de Sintel.

Tanto Alierta como Velázquez ya tenían que ir a declarar a la Audiencia Nacional en calidad de testigos, "pero nuestro objetivo es imputarlos", dijo Jiménez.