Así lo denunciaron hoy en rueda de prensa, representantes de CCOO, UGT y el sindicato gallego CIGA, que aseguraron no entender la oposición mostrada tanto por Interio como por la Guardia Civil, e incluso por la Agencia Tribuntaria, cuando todos los grupos parlamentarios, a excepción del PSOE, y sectores de la judicatura, han apoyado sus demandas.

El Congreso tramita en la actualidad el proyecto de ley orgánica de contrabando, que no recoge un reconocimiento expreso de la condición de policía judicial para los miembros del SVA, hecho que, según las centrales sindicales, supone un merma importante para la actuación de los funcionarios ante los delitos de contrabando principalmente en el inicio y desarrollo de las investigaciones y en la práctica de las diligencias judiciales.

Los sindicatos subrayaron que el SVA ha dado sobradas muestras de su eficacia, lo cual viene ratificado por el "prestigio" de este cuerpo en Europa, e insistieron en que para reforzar sus actuaciones necesitan de los instrumentos jurídicos necesarios para luchar contra el narcotráfico y el contrabando.

En este sentido, pusieron como ejemplo de la efectividad del SVA que durante 1993 elvalor de las mercancías aprehendidas (entre estupefacientes, tabaco, alcohol, embarcaciones y automóviles) superó los 284.000 millones de pesetas, frente a los 145.000 millones del año anterior.

El Servicio de Vigilancia Aduanara, actualmente adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, fue creado en 1982. Entre sus funciones figura la persecución e investigación de los delitos de narcotráfico, contrabando, blanqueo de capitales y control de carburantes, alcoholes y juegos ilícitos.

Está compueto por alrededor de 1.800 funcionarios en toda España y cuenta con más de 400 vehículos, 50 barcos, 6 aviones y 6 helicópteros.

Los sindicatos del SVA reiteraron durante la rueda de prensa que los funcionarios de este cuerpo han demostrado su profesionalidad y señalaron que si les quitan competencias se facilitará la labor de los traficantes.

Igualmente, pusieron de relieve que no tiene sentido que sus funciones sean desempeñadas en el futuro por la Guardia Civil, porque ya existe una infraestrucura y un servicio capacitados para la persecución del narcotráfico y el contrabando.