Los sindicatos, asegura el comunicado, protestan así por la negativa de la consejera de Familia y Asuntos Sociales, María Gádor Ongil, a reunirse y negociar medidas que mejoren el sector, que afecta a 6.000 trabajadores y 15.000 personas discapacitadas.

CCOO, UGT y STEM sostienen que las condiciones laborales actuales están provocando una altísima movilidad laboral, la casi imposibilidad de contratar determinadas categorías profesionales y la merma en la calidad de la atención de los usuarios.