Según indicó a Servimedia el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT, Pedro Cortés, el Gobierno dedicrá en 1992 unos 22.886 millones de pesetas para atender los convenios que firma con las corporaciones locales a través del Inem.

La financiación estatal para esos convenios se reduce, según señaló Cortés, en un 36 por cien respecto a 1991, ejercicio en el que los presupuestos destinaron un total de 49.776 millones de pesetas al PER.

UGT y CCOO señalaron que las asignaciones presupuestarias para el PER, sólo en Andalucía y Extremadura, alcanzarán los 14.284 millones de pesetas, un 5 por ciento supriores a las del año pasado, pero advirtieron que ese incremento será a costa de reducir el dinero destinado al resto de las comunidades autónomas.

Además, advirtieron que ese dinero "será insuficiente" para mantener el actual nivel de empleo del PER en las dos regiones "si, como es previsible, los salarios crecen el año que viene entre el 8 y el 9 por ciento, según los sectores".

En su opinión, sólo estas dos comunidades exigirían un presupuesto de unos 30.000 millones de pesetas para mantener ls niveles actuales de trabajo y cobertura que tienen actualmente a través del PER.

MOVILIZACIONES

Durante la presente semana, las federaciones de la Tierra de UGT y CCOO han convocado numerosas movilizaciones y protestas para pedir al Gobierno una mayor asignación presupuestaria al PER.

La jornada central de las protestas tendrá lugar el próximo miércoles, con manifestaciones y cortes de carreteras en diversas capitales de la región, así como una manifestación en Granada, cuya provincia es una e las que tiene mayor número de beneficiarios del PER.

Sólo en Andalucía y Extremadura, según las centrales sindicales, hay más de 400.000 trabajadores que cobran un salario del Estado a través del Plan de Empleo Rural.

Estos trabajadores perciben su salario bien trabajando para alguna de las obras de infraestructura municipal, contratada por las corporaciones locales a través del Inem, o bien mediante los subsidios de paro agrario que abona directamente el Estado, en función de las peonadas trabjadas.