En un comunicado difundido hoy, UGT destaca las "enormes dificultades" para situar el IPC a finales de año por debajo del 6 por ciento, mientras no se establezcan medidas antiinflacionistas que contemplen el carácter estructural del aumento de los precios".

UGT critica el hecho de que el Ejecutivo mantenga el IPC como variable fundamental de medición de los desequilibrios de la economía española, "llegando incluso a plantear horizontes de seis o siete años de 'ajuste duro' para conener los precios y situarnos a la cabeza de una Europa dividida entre países ricos y pobres".

A su juicio, es conveniente reducir la inflación, pero matiza que los precios "no son, ni muchos menos, un desequilibrio insoportable en el nivel que se sitúan".

El sindicato socialista insiste en que es necesario desarrollar una política antiinflacionista basada en la corrección de factores estructurales y no una política de subdesarrollo que suponga la paralización de la economía española, "máxime cuano tenemos muchos otros desequilibrios que atender y nuestro nivel de inflación no es en absoluto preocupante".

Por su parte, CCOO hizo hincapié también en la imposibilidad real de alcanzar a finales de año el objetivo de inflación del Gobierno, situado en el 5 por ciento, al tiempo que insistió en que es imposible reducir el ritmo de crecimiento del IPC con políticas meramente monetaristas, como las seguidas por el Ejecutivo.

Además, Comisiones critica que, en esta situación, el Gobierno adopte ua política de ajuste, a través de los Presupuestos Generales del Estado, lo que, a su juicio, mantendrá inalterables las causas de inflación y agudizará el estancamiento de la actividad económica.

Por ello, exige al Ejecutivo que adopte medidas de carácter estructural que actúen sobre los mercados oligopolístas y los procesos especulativos que son los que realmente inciden en los precios.

CCOO explica en una nota que la imposibilidad de alcanzar el objetivo de inflación del Gobierno obligará a apicar las cláusulas de garantía de los salarios negociados en los convenios colectivos, por lo que pide al Ejecutivo que fije previsiones de inflación razonables y abandone "la política de fijar unilateralmente expectativas de precios difícilmente alcanzables".

En opinión de este sindicato, para lograr un crecimiento sostenido de la economía y una justa distribución de la riqueza es necesario modificar la política económica del Gobierno, que hasta el momento no ha solucionado los grandes desequilibriosexistentes.

Por su parte, la Unión Sindical Obrera (USO) calificó hoy de "alarmante" la subida del IPC en agosto, que, en su opinión, demuestra, "una vez más, que el Gobierno no sabe qué hacer para controlar los precios y empezar a ahogarse en sus previsiones".

FALTA DE CREDIBILIDAD

Para el coordinador de Política Económica del PP, Luis Gámir, el dato de inflación de agosto muestra "la falta de credibilidad del Gobierno socialista". Añadió que "fue el vicepresidente del Ejecutivo, Narcís Serra,quien el mes pasado dijo que a final de año nuestra inflación sería la misma que la de la CE".

Gámir considera que mantener la inflación anual al 6 por ciento "no ayuda a ese compromiso planteado formalmente por Serra. El Gobierno se ha emplazado a sí mismo a cuatro meses vista, y no parece fácil que cumpla su objetivo".

El responsable popular criticó también el anuncio realizado por Serra en agosto acerca de que aparecerían medidas estructurales para controlar la inflación, "de las que hasta el omento nada se conoce".

ACORDE CON LA SITUACION ECONOMICA

El BBV también hizo hoy valoraciones sobre el IPC de agosto y señaló que "puede calificarse el dato como neutral, acorde con la situación económica actual de estancamiento, que sin empeorar, se detecta muy desanimada".

A juicio de sus responsables, "dado que el dato no empeora las expectativas, permite a las autoridades monetarias continuar con su política de expectativas a la baja moderada de tipos y al Tesoro obtener la financiación qu necesita".

El director de Economía de la CEOE, por su parte, señaló que la tendencia de la inflación en lo que va de año no se ve alterada con el aumento de agosto, al tiempo que calificó de "muy elevada" la inflación subyacente, situada en el 6,2 por ciento.

Destacó que la política económica tiene la obligación prioritaria de reducir este índice "como mínimo a la mitad". Según Folgado, son los servicios los que concentran los mayores problemas inflacionistas, por lo que resaltó la necesidad de doptar medidas que permitan ampliar la flexibilidad y la competencia en este sector, así como moderar los costes laborales.

Finalmente, el Ministerio de Economía y Hacienda considera que el IPC de agosto supone una pausa momentánea en la paulatina reducción de la tasa de inflación. No obstante, prevé descensos adicionales de la inflación en los próximos meses, principalmente en los precios energéticos.