La Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU) y el Sindicato Profesional de Policía Uniformada (SPPU) coincidieron en señalar que la medida adoptada al respecto por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero "llega tarde".

Angel Martínez, secretario general de ANPU, declaró a Servimedia que "la resolución se ha adoptado de forma tan secreta que ningún policía sabe todavía qué debe hacer y ecir y aquello que no".

El responsable de ANPU lamentó que la medida del Ejecutivo no se hubiera desarrollado a principios de la década de los ochenta, coincidiendo con la escalada de las acciones terroristas, ya que habría permitido defender la integridad física de los policias y preservar datos que afectan a su seguridad, como su domicilio.

Angel Martínez puso como ejemplo del riesgo que corren los agentes que participan en operaciones antiterroristas la obligación de prestarse a las ruedas de econocimiento ordenadas por los jueces, que en algunas ocasiones son utilizadas por abogados de HB para conocer la identidad de los policías.

Según Martínez, ésa era una práctica que ordenaban algunos jueces, "entre ellos el ministro en funciones de Interior, Juan Alberto Belloch, cuando era juez", en procedimientos abiertos por presuntos delitos de torturas y malos tratos a detenidos, y donde estaban presentes los abogados de HB que "tomaban datos de nuestra identidad".

"Si hubiera existido estanueva resolución en aquellos años, no para amparar las acciones de los GAL, sino la lucha real contra ETA con la ley en la mano, no hubiesen muerto tantos policías, entre 500 y 600 agentes, por culpa de que se supo cómo se llamaban y donde vivían. Nadie se preocupó de nada y ahora vienen con esta medida que llega totalmente desfasada", señaló el responsable de ANPU.

Por su parte, el secretario general del SPPU, Francisco Javier Santaella, declaró que la medida del Gobierno puede entorpecer el flujo deinformación entre los propios policías.

Por esa razón, opinó que "habría que haber buscado un camino intermedio entre dar y no dar información completa, es decir, restringir la que llegaría a la calle, pero sin que afectara a la distribución informativa interna entre los agentes".

Respecto a la protección de la identidad de los agentes policiales y su publicidad en ruedas de reconocimiento, Santaella auguró que con la nueva resolución del Ejecutivo se producirá "una nueva guerra entre jueces y Poicía porque dicha medida política podría ser interpretada como un ataque a la independencia judicial".

Las dos organizaciones sindicales coincidieron también en advertir sobre el riesgo que se corre de que, con esta nueva política, las campañas públicas de Interior de colaboración ciudadana contra la banda armada ETA respecto a la identificación de presuntos miembros queden en 'agua de borrajas'.

En este sentido, fuentes conultadas por esta agencia en el Ministerio de Interior negaron que esto puda suceder porque, según explicaron, lo que podría ser declarado secreto sería el canal utilizado para identificar a los miembros de los comandos, y no la información referente a su identificación final, una vez contrastada por Interior.