Las centrales consideran que ese punto y medio adicional, que situaría el incremento del año que viene en el 3,6 por cien, debería ser completado todavía en 1999 con una nueva subida, hasta paliar totalmentela pérdida de poder adquisitivo que origine la congelación salarial de este ejercicio, que no podrá cuantificarse exactamente hasta que concluya el año.

Además, los sindicatos harán hincapié en que el Gobierno ni siquiera ha garantizado el mantenimiento del poder adquisitivo para 1998, ya que no ha incluido una cláusula de garantía para el caso de que la inflación se desvíe por encima de las previsiones.

UGT y CCOO plantearán también a los grupos parlamentarios la necesidad de defender el empleo úblico, impidiendo que el Gobierno aplique su política de reponer sólo una de cada cuatro vacantes.

Los sindicatos estiman que esa medida, aplicada al conjunto de las administraciones públicas (estado, ayuntamientos y autonomías) supondría una reducción de entre 40.000 y 45.000 puestos de trabajo a lo largo de 1998.

Las centrales consideran que la Administración sólo ha dado un paso positivo en el terreno de las relaciones laborales en la función pública, al eliminar en el último Consejo de Minisros el límite a las medidas de estabilización en el empleo.

Ese límite sí existe este año, y su aplicación supone que la consolidación de empleo sólo afecta como máximo al 25 por ciento de las plazas ocupadas por interinos o eventuales, de manera que sólo existe el compromiso de pasar a fijos a uno de cada cuatro empleados públicos en esa situación.

Los sindicatos estiman que con la supresión de este límite el Gobierno quiere hacer un gesto de buena voluntad para facilitar las negociaciones todava pendientes en la Mesa de la Función Pública, que se reanudarán a finales de este mes.